La Corte de Constitucionalidad garantiza el respeto al Estado de Derecho y rechaza intentos de anular elecciones.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal del país, ha dictaminado este jueves que las autoridades electas en las recientes elecciones deben tomar posesión en enero de 2024, tal como lo estipula la ley. Esta decisión es un hito importante en el contexto político del país centroamericano y responde a un recurso legal presentado por un grupo de abogados comprometidos con la defensa de la democracia.
El dictamen del tribunal llega en un momento crítico, ante los esfuerzos del Ministerio Público por cuestionar la victoria del presidente electo, Bernardo Arévalo de León. La Corte de Constitucionalidad respaldó su decisión subrayando su compromiso con la preservación del Estado de Derecho en Guatemala.
El tribunal también destacó que su fallo es crucial para salvaguardar el orden constitucional en el país. Sin embargo, la sentencia aclara que su decisión no impide que la Fiscalía continúe con cualquier investigación, ni limita las facultades del Tribunal Supremo Electoral para abordar evidencias serias relacionadas con los comicios.
La resolución de la Corte de Constitucionalidad pone aparentemente fin a los intentos de la Fiscalía de impugnar el triunfo de Arévalo de León, asegurando la toma de posesión programada para el 14 de enero de 2024. Este proceso había estado en riesgo tras una solicitud de anulación de las elecciones por parte del Ministerio Público, debido a supuestas irregularidades administrativas.
Los magistrados de la Corte instaron al Congreso a garantizar la transición y pidieron al presidente actual, Alejandro Giammattei, promover la unidad nacional. La votación en el tribunal fue de cuatro magistrados a favor y uno en contra del dictamen.
Desde julio de 2023, la Fiscalía ha intentado cuestionar la victoria de Arévalo de León, quien llega al poder con un fuerte discurso anticorrupción. El propio Arévalo de León había denunciado anteriormente un supuesto «golpe de Estado» en su contra, liderado por la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, en colaboración con «otros actores corruptos».