La Iglesia Católica en Argentina renuncia a las asignaciones mensuales del Estado, marcando un hito en la relación entre la Iglesia y el Gobierno.
La Iglesia Católica en Argentina ha dado un paso histórico al renunciar a las asignaciones mensuales que recibía del Estado, una práctica que se había mantenido durante más de cuatro décadas.
La Conferencia Episcopal Argentina confirmó esta decisión a través de un comunicado en redes sociales, señalando que desde enero ya no recibirán el aporte económico establecido por la ley 21.950, vigente desde 1979.
Esta ley, promulgada durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, establecía que los prelados recibirían un salario equivalente al 80% de lo que ganaba un juez nacional de primera instancia. La renuncia de la Iglesia a este subsidio comenzó gradualmente en 2018, en medio de intensos debates sobre la separación entre la Iglesia y el Estado y la legislación del aborto en Argentina.
La Conferencia Episcopal anunció que el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y auxiliares a la asignación mensual concluyó el último día hábil de diciembre de 2023. Con este acto, la Iglesia busca marcar una mayor independencia frente al poder político y responde a un contexto en el que la contribución permanente del Estado a la religión católica había generado polémica.
El fin de las asignaciones coincide con el inicio del mandato del presidente libertario Javier Milei, quien asumió el cargo tras las elecciones de 2023. El Gobierno de Milei, que no intervino en el proceso de renuncia, ha expresado su apoyo a esta decisión, alineándola con sus principios de austeridad en el gasto público y defensa de la libertad de culto.
El retiro de estos fondos supone un cambio simbólico significativo en la relación entre la Iglesia y el Estado en Argentina. A pesar de que estos fondos representaban menos del 10% del presupuesto de la Iglesia, la renuncia a ellos implica una declaración de independencia y autosostenimiento por parte de la institución religiosa.
La decisión de la Iglesia Católica de renunciar a estas asignaciones refleja un cambio en la percepción pública y en la relación entre la religión y el gobierno en Argentina. Aunque la Constitución del país establece desde 1853 el sostenimiento del culto católico por parte del Gobierno federal, las reformas constitucionales y las políticas públicas han ido ampliando la separación entre la Iglesia y el Estado.
Esta medida marca un hito en la historia contemporánea de Argentina, mostrando un avance en la secularización del Estado y una mayor autonomía de la Iglesia frente a los entes gubernamentales. El impacto de esta decisión en la sociedad argentina y en la Iglesia Católica será observado de cerca en los próximos años, ya que representa un cambio importante en la tradicional relación entre estas dos entidades en el país sudamericano.