Acciones del gobierno mexicano tras el secuestro de 32 migrantes, en su mayoría venezolanos y hondureños.
El Gobierno de México ha tomado una decisión solidaria al ofrecer un visado por razones humanitarias a las 32 personas migrantes que fueron víctimas de un secuestro el pasado 30 de diciembre en el estado de Tamaulipas, al noreste del país. La mayoría de las víctimas son de nacionalidad venezolana y hondureña.
El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció el jueves 4 de enero que se iniciará el proceso administrativo para otorgar estas tarjetas a las víctimas una vez que tengan el estatus de víctimas de delito por parte de la fiscalía del estado. En un comunicado, el INM solicitó el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para validar las acciones y apoyos proporcionados, e involucró al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) debido a la presencia de menores de edad y núcleos familiares entre los afectados.
“Con lo anterior, el Instituto Nacional de Migración, en coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, brinda apoyo integral y salvaguarda la integridad física de las personas migrantes», señaló el INM en su comunicado.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que los migrantes secuestrados fueron «liberados» por sus captores y no «rescatados» por el gobierno. Hasta el momento, no se reportan detenidos relacionados con el caso, y López Obrador aclaró que la investigación sigue en curso. El móvil del crimen, según indicó, fue la extorsión a los familiares de los migrantes.