Dos empresarios de La Pequeña Habana, icónica zona de Miami, obtienen permiso para cobrar veredicto de $63.5 millones contra Joe Carollo en una larga disputa legal.
La batalla legal de seis años emprendida por un par de empresarios de La Pequeña Habana contra el comisionado de Miami Joe Carollo ha dado un nuevo giro. Esta semana, un juez federal permitió a William “Bill” Fuller y Martin Pinilla comenzar a cobrar el veredicto de $63.5 millones que un jurado les concedió el verano pasado.
El tribunal civil federal concluyó que Carollo buscó la ruina financiera y personal de los empresarios. «Todas sus cuentas van a ser embargadas. Va a tener que entender, va a sentir por primera vez que esto va en serio y que el daño que ha causado es responsabilidad suya», expresó Fuller.
Carollo, conocido por su modesto estilo de vida y un salario anual municipal de $58,000, respondió de manera irónica a la decisión del juez: «¿De qué brazo quieren que saque sangre? ¿Delante de qué pared quieren que me ponga para que traigan al pelotón de fusilamiento?»
Ben Kuehne, abogado de Carollo, afirmó que argumentarán que la casa del comisionado está protegida por la ley de Florida. Además, hay mociones pendientes para proteger el embargo del salario de Carollo. Se espera que el Tribunal de Apelaciones del 11no Circuito de Atlanta anule el veredicto, aunque el proceso está estancado por las mociones pendientes del veredicto del año pasado. «Mantenemos que la decisión y la sentencia son erróneas y susceptibles de revocación en apelación», declaró Kuehne.
El cobro de los bienes de Carollo será un proceso largo y complicado, involucrando al Servicio Federal de Alguaciles y la Policía del Condado Miami-Dade. La declaración financiera más reciente de Carollo hasta finales de 2022 muestra activos por $2.58 millones. Sin embargo, el mayor es su casa de Coconut Grove, valorada en $2.5 millones.
Los empresarios Fuller y Pinilla, propietarios en La Pequeña Habana, presentaron la demanda en 2018 alegando abuso de derechos de la Primera Enmienda por parte de Carollo. Afirmaron que él intentó arruinarlos después de que apoyaran a un oponente político para un puesto en la comisión. Un jurado federal les dio la razón y les concedió $63.5 millones por las acciones del comisionado.
A pesar del veredicto, los bienes de Carollo son difíciles de calcular y embargar. El abogado Jeff Gutchess, representante de Fuller y Pinilla, indicó que sus clientes acordaron mantener la confidencialidad de los registros del comisionado. «No hay mucho en términos de activos. No necesitábamos avergonzarlo», dijo Gutchess.
La situación legal de Carollo es compleja, con acusaciones de actividades delictivas en su contra, aunque desmentidas por investigaciones. Fuller y Pinilla buscan recuperar sus pérdidas y obligar a Carollo a abandonar tácticas similares en el futuro. Este caso continúa siendo un ejemplo destacado de las disputas legales en el ámbito político y empresarial de Miami.
(Con información de El Nuevo Herald)