La Fiscalía de Perú también pide penas de cárcel para exministros y congresistas implicados en el intento de autogolpe de diciembre de 2022.
El escenario político peruano enfrenta un momento crítico con la reciente solicitud del Ministerio Público de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo Terrones. Los cargos, anunciados a través de la cuenta oficial de X de la Fiscalía, incluyen rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, relacionados con el fallido autogolpe de Estado de diciembre de 2022.
La acusación extiende su alcance a otras figuras políticas de alto perfil. La excongresista Betssy Chávez Chino y los exministros Roberto Sánchez Palomino y Willy Huerta Olivas enfrentan una petición de 25 años de prisión por el delito de rebelión. Además, varios oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) están implicados, incluyendo a Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.
Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 12, 2024
El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de estado el pasado 7 de diciembre de 2022. pic.twitter.com/hX19oLktNQ
“Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de estado el pasado 7 de diciembre de 2022”, reza el mensaje en X de la Fiscalía.
El caso de Castillo se enmarca en un intento de autogolpe en 2022, donde proclamó el cierre del Parlamento y la instauración de un Ejecutivo de «emergencia nacional». Esta maniobra generó un amplio rechazo y desencadenó su destitución por el Congreso. Chávez, Sánchez y Huerta, como colaboradores cercanos de Castillo, son investigados por su presunta participación en estos eventos.
Aníbal Torres Vásquez, expresidente del Consejo de Ministros, también figura en las solicitudes de la Fiscalía, enfrentando una petición de 15 años de prisión por rebelión. Todos los requerimientos proceden de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
La actual presidenta, Dina Boluarte, ha identificado a Chávez como una de las principales instigadoras de la crisis política, acusándola de influir decisivamente en las acciones de Castillo.
Este proceso representa un momento crucial en la historia política de Perú, subrayando la necesidad de justicia y estabilidad en un país marcado por la inestabilidad gubernamental y los desafíos democráticos.