Reunión en Caracas entre Pdvsa y el embajador chino busca fortalecer alianzas energéticas.
En un esfuerzo por fortalecer las relaciones energéticas bilaterales, autoridades de los regímenes de Venezuela y China se reunieron el viernes en Caracas para discutir nuevas oportunidades de cooperación en los sectores de petróleo y gas.
La estatal venezolana Pdvsa informó sobre este encuentro a través de la red social X.
Durante la reunión, el presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo venezolano, Pedro Rafael Tellechea, y el embajador chino en Caracas, Lan Hu, revisaron los esquemas de cooperación petrolera existentes entre ambas naciones y evaluaron nuevas oportunidades de colaboración.
Tellechea mencionó la «evolución positiva de la cooperación energética bilateral», aunque no proporcionó detalles específicos sobre la alianza.
Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, busca incrementar su producción petrolera, especialmente tras el levantamiento temporal de algunas sanciones por parte de Estados Unidos. Este alivio, que entró en vigencia en octubre pasado, está previsto que se venza en abril próximo. Desde entonces, Pdvsa ha firmado acuerdos con varias compañías internacionales y ha estado en conversaciones con otras más.
Según cifras oficiales recogidas en un informe de la OPEP, Venezuela produjo un promedio de 783.000 barriles por día (bpd) de petróleo en 2023, un aumento del 9,3 % en comparación con 2022.
En otro ámbito, la Asamblea Nacional anunció que citará a varios ex diputados opositores como parte de una investigación anticorrupción relacionada con el «despojo y robo» de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos. La comisión especial busca determinar responsabilidades en este caso, que data de la crisis de legitimidad del régimen de Nicolás Maduro en 2019.
La investigación se enfoca en el grupo de ex diputados opositores del anterior Legislativo, reconocidos por Estados Unidos como la «última institución elegida democráticamente» en Venezuela. Se ha identificado una lista preliminar de más de 300 personas que podrían ser investigadas, incluyendo miembros de juntas de partidos políticos y responsables que han recibido recursos de organizaciones no gubernamentales.