La Procuraduría General investiga posibles irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes.
La Procuraduría General de Colombia ha tomado una decisión de peso al llamar a juicio disciplinario y suspender provisionalmente por tres meses al Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán.
Esta medida responde a las posibles irregularidades detectadas durante el proceso de licitación de pasaportes, un caso que ha captado la atención pública y generado controversia en el ámbito político.
Según informa la Sala Disciplinaria de Instrucción, el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas provisionalmente como gravísimas y cometidas a título de dolo.
La primera falta se refiere a la declaración de desierta de la licitación 001 de 2023 sin contar con fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos sólidos, lo que podría haber transgredido los principios que rigen la contratación estatal.
El segundo cargo formulado contra el Ministro Leyva Durán se relaciona con la presunta adopción de una urgencia manifiesta durante el trámite contractual, sin que existieran causales justificadas para tal determinación. Este aspecto ha generado especial inquietud, dada la relevancia del proceso de licitación para la gestión de pasaportes en Colombia.
La decisión de suspender provisionalmente a Leyva Durán se tomó con el objetivo de prevenir la posible reiteración de las faltas disciplinarias atribuidas al ministro, considerando su papel clave como ordenador del gasto de la Cancillería y director del nuevo proceso contractual en curso.
Es importante destacar que, en el marco de esta investigación, la Procuraduría General decidió archivar el proceso en favor del secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, quien también había sido objeto de escrutinio.
Este juicio disciplinario y la suspensión de Álvaro Leyva Durán subrayan la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las normativas legales en la administración pública. Además, reflejan el compromiso de los organismos de control en salvaguardar la integridad de los procesos estatales, especialmente en un área tan crucial como la emisión de documentos de identidad y viaje.