Gobiernos latinoamericanos cuestionan la decisión del TSJ venezolano y recalcan la necesidad de elecciones libres y democráticas.
Los gobiernos de Argentina, Ecuador y Uruguay han expresado su inquietud ante la reciente ratificación de la inhabilitación política de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Esta medida ha suscitado una ola de preocupación en la región, poniendo en tela de juicio el compromiso de Venezuela con los procesos democráticos y los derechos humanos.
Desde Buenos Aires, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina lamentó la decisión del TSJ, subrayando el impacto negativo que esto representa para la política venezolana.
«La Argentina reafirma su compromiso en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos y espera la pronta celebración de elecciones presidenciales democráticas, transparentes, con participación plena de todos los candidatos y con presencia de observación electoral externa», señala el comunicado argentino.
Por su parte, la Cancillería ecuatoriana, a través de su cuenta en la red X, condenó la confirmación de la inhabilitación por 15 años impuesta a Machado, enfatizando que tal decisión se opone a los ideales democráticos y a los Acuerdos de Barbados, los cuales buscan facilitar elecciones transparentes y equitativas en Venezuela.
Del mismo modo, el gobierno de Uruguay, mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su «gran preocupación» y advirtió que estas inhabilitaciones judiciales son un atentado directo contra la realización de comicios libres y justos.
«Uruguay observa con gran preocupación estas inhabilitaciones judiciales de opositores políticos para ocupar cargos electivos o públicos, ya que atentan directamente contra la celebración de elecciones libres, democráticas y competitivas», manifestó el comunicado uruguayo.
María Corina Machado, quien obtuvo un apoyo contundente en las primarias organizadas por la Plataforma Unitaria Democrática con el 92,35 % de los votos, se ve ahora marginada del escenario político por una decisión que ha resonado negativamente a nivel internacional.
La respuesta de estos gobiernos latinoamericanos refleja una perspectiva regional compartida sobre la importancia de preservar los valores democráticos en Venezuela.
Además, estas declaraciones resaltan la expectativa internacional de que los Acuerdos de Barbados sean respetados y que se garantice una elección presidencial inclusiva y transparente.