Inician proceso de confiscación contra propiedades de comisionado de Miami
El Servicio Federal de Alguaciles actúa para cobrar un veredicto de $63 millones en favor de empresarios de La Pequeña Habana.
En un giro dramático en la disputa legal que ha capturado la atención de Miami, el Servicio Federal de Alguaciles ha iniciado el proceso de confiscación de la casa y otras propiedades del comisionado de Miami, Joe Carollo. Esta acción se enmarca dentro de los esfuerzos de William “Bill” Fuller y Martín Pinilla, dos empresarios de La Pequeña Habana, para hacer efectivo un veredicto de $63 millones que un jurado federal les otorgó el año pasado. La demanda acusaba a Carollo de emplear recursos municipales para llevar a cabo una venganza personal contra ambos empresarios.
Un funcionario del Servicio Federal de Alguaciles realizó el primer paso para ejecutar la orden de un juez federal, colocando un aviso en la puerta de la residencia de Carollo en Coconut Grove. El aviso venía acompañado de una copia de la sentencia definitiva y el mandato de ejecución, marcando el inicio de un proceso que podría resultar en la incautación de los bienes del comisionado. A pesar de este movimiento, el funcionario no ingresó a la propiedad y se retiró minutos después de su llegada.
Carollo ha negado las acusaciones contenidas en la demanda, sosteniendo que se trata de una persecución política. Además, ha declarado su intención de impugnar la confiscación de su propiedad en los tribunales. En una declaración al Miami Herald, Carollo argumentó que la incautación de su hogar sería ilegal bajo la Constitución de Florida, insistiendo en que «no pueden quitarle a nadie su casa cuando es su hogar».
Sin embargo, este argumento podría enfrentarse a complicaciones legales. El Tasador de Propiedades de Miami-Dade no registra una exención de vivienda oficial para su propiedad, un detalle que podría influir en el curso de los procedimientos de confiscación. Además, Carollo no ha residido en la casa durante la mayor parte de los últimos siete años, habiéndose mudado en preparación para su candidatura a la comisión del Distrito 3 de Miami.
El proceso de modificación de distritos de la ciudad en 2022 inicialmente ubicó la casa de Carollo dentro del Distrito 3, permitiéndole regresar. No obstante, esta modificación fue anulada posteriormente por un juez debido a manipulación racial, dejando en el aire la pertenencia de la propiedad al distrito actual de Carollo. Con el mandato de Carollo extendiéndose hasta 2025 y el caso de modificación de distritos aún sin resolver, el futuro de su residencia y su capacidad para retenerla bajo las leyes de Florida permanece incierto.
Marc Sarnoff, ex comisionado y abogado que representa a Carollo, sostiene que la intención de vivir en la casa la protege de la confiscación, según la Constitución de Florida. Este caso no solo pone de relieve la batalla legal entre Carollo y los empresarios de La Pequeña Habana, sino que también plantea preguntas sobre los derechos de propiedad y las protecciones legales disponibles para los residentes de Florida.
(con información de El Nuevo Herald)