Tras ser asilado por Nicaragua, Martinelli no podrá salir del país por lo que es muy probable que tenga que pagar casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales.
Panamá negó al expresidente Ricardo Martinelli el salvoconducto de salida del país, luego que Nicaragua otorgara asilo hace dos días tras ser condenado a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales.
Martinelli había pedido asilo en la embajada de Nicaragua en Panamá luego de perder la semana pasada su último recurso ante la justicia panameña para evitar ir a prisión, y el gobierno del presidente Daniel Ortega se lo concedió de inmediato.
«La solicitud de salvoconducto para la salida del territorio de la República de Panamá al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal ha sido denegada», dijo la cancillería panameña en un comunicado.
Ortega ha concedido asilo a otros expresidentes y altos funcionarios centroamericanos que enfrentan problemas con la justicia, entre ellos los exmandatarios izquierdistas salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
Además, la cancillería panameña consideró «incompatible» que Martinelli realice en la embajada nicaragüense cualquier actividad política, en referencia a entrevistas de prensa que ha dado en la legación, donde también ha recibido a aliados políticos.
Poco después Managua declaró que la negativa de Panamá para extender el salvoconducto es una «violación» a las convenciones sobre asilo.
«El Asilo al Señor Martinelli ha sido concedido por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su Vida», destacó la cancillería nicaragüense.
Po r su parte el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, criticó el otorgamiento del asilo a Martinelli. «La concesión de asilo en Nicaragua por Ortega-Murillo al expresidente panameño Ricardo Martinelli es una medida más para socavar el Estado de derecho y subvertir la justicia», dijo Nichols en la red social X (antes Twitter).
«Los funcionarios del gobierno que traicionan la confianza pública deben rendir cuentas», añadió.