El gobierno de Maduro revisará la cooperación con la ACNUDH en Caracas, manteniendo el compromiso con los derechos humanos a nivel internacional.
El canciller venezolano, Yván Gil, informó sobre la suspensión de la cooperación de Venezuela con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que opera en Caracas. Esta decisión, tomada por el gobierno de Nicolás Maduro, surge tras alegar incumplimientos por parte de la ACNUDH respecto a la soberanía y jurisdicción interna del país. Sin embargo, Gil enfatizó que Venezuela mantiene su compromiso con la promoción y garantía de los derechos internacionales, anunciando que continuarán las actividades con la oficina del Alto Comisionado en Ginebra.
Durante una rueda de prensa, el canciller explicó que la medida responde a acciones de la ACNUDH que consideran violatorias del acuerdo firmado en 2019, acusando a la Oficina de presionar indebidamente a los poderes públicos venezolanos y de emitir opiniones subjetivas que cuestionan el actuar de las instituciones del Estado.
Gil criticó el silencio de la ACNUDH ante las consecuencias de las sanciones internacionales sobre el pueblo venezolano, argumentando que estas violaciones de derechos humanos deberían ser también objeto de atención por parte de la organización.
La suspensión implica que los funcionarios de la ACNUDH en Caracas tienen un plazo de 72 horas para abandonar el país, mientras se revisan los términos de cooperación específicos de la oficina que opera en la capital venezolana. A pesar de esta acción, el canciller aseguró que Venezuela seguirá avanzando y potenciando la protección de los derechos humanos a través de su plan nacional e interactuando con todas las organizaciones que defienden estos derechos.
Gil reiteró la intención del gobierno venezolano de trabajar con la oficina del Alto Comisionado en Ginebra y otros entes internacionales, enfatizando el papel de Venezuela como promotor de la declaración universal de derechos humanos. La decisión de suspender la cooperación con la ACNUDH en Caracas ha sido descrita como una medida administrativa, justificada por el desvío de la oficina de su mandato original y su presunta instrumentalización para fines políticos.