En un intento por preservar la presencia de la ONU en Venezuela, Colombia dialoga con Maduro tras la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
En un contexto de crecientes tensiones diplomáticas y preocupaciones por los derechos humanos en Venezuela, Colombia emerge como mediador en la crisis desencadenada por la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) del territorio venezolano.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, confirmó el viernes que su gobierno, liderado por Gustavo Petro, está en conversaciones con Nicolás Maduro para abordar este asunto crítico.
«Estamos trabajando en eso. Estamos en diálogo», aseguró Murillo a la prensa al salir de la Conferencia de Seguridad de Múnich, refiriéndose a la postura de Colombia frente a la medida adoptada por Maduro. Además, el Canciller subrayó los esfuerzos de Colombia por alcanzar un acuerdo democrático en Venezuela, destacando el compromiso de Petro por encontrar soluciones a las tensiones en el país vecino.
La controversia surge tras el anuncio del gobierno venezolano, efectuado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, de suspender las actividades de la OACNUDH en Venezuela, acusándola de ser instrumentalizada para atacar al gobierno de Maduro.
«Se convirtió en el bufete de grupos golpistas», declaró Gil, exigiendo la salida del personal de la oficina en un plazo de 72 horas hasta que «rectifique públicamente su actitud colonialista».
Esta medida se tomó en un momento especialmente tenso, después de que la OACNUDH expresara su preocupación por la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. La oficina instó a su liberación inmediata y al respeto de su derecho a la defensa legal.
El gobierno de Maduro justifica la expulsión de la OACNUDH alegando una postura «claramente sesgada y parcializada» desde la firma de la Carta de Entendimiento con la ONU, acusándola de promover la impunidad en casos de magnicidio, golpes de estado y conspiraciones contra la soberanía nacional y la Constitución de Venezuela.