El autor considera que un gobierno decente hubiera recibido las recomendaciones de la ONU y hubiera iniciado un proceso de reformas en las políticas de alimentación.
Por Julio Castellanos
La semana pasada Michael Fakhri, Relator Independiente de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, dio una rueda de prensa en Caracas informando sobre los datos recabados en una visita de varios días en el país. Sus hallazgos desnudan una realidad dolorosa y desmontan esas expresiones como “Venezuela se arregló” y los argumentos de algunos líderes de opinión que suelen medir la prosperidad del país por la cantidad de personas que asisten a un concierto, visitan una playa o compran cerveza en una licorería.
Dijo el señor Michael Fakhri que “aún hay hambre y desnutrición” y que, entre otros datos verdaderamente ofensivos para la dignidad humana, las víctimas diferenciadas de la Crisis Humanitaria Compleja, es decir, mujeres, niños, adultos mayores, población indígena y comunidad LGBTIQ+, recurren al sexo transaccional para poder garantizar un plato de comida en la mesa.
Informó que el acceso a proteínas, frutas y vegetales es particularmente difícil para la población, de hecho, relató que en poblaciones costeñas encontró la práctica de cambiar pescado por vegetales. Afirmó que “el futuro de Venezuela está en riesgo” porque, lógicamente, “los niños acuden a la escuela sólo cuando se les garantiza comida”. A todas estas, ¿Qué dijo el señor Fakhri sobre los CLAP? Sus palabras fueron directas “Las bolsas CLAP tenían buenas intenciones como ayuda humanitaria temporal del gobierno. Sin embargo, se ha vuelto susceptible al clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela ni cumple las normas sobre el derecho a la alimentación”.
Esa rueda de prensa ocurrió el 14 de febrero, algunos medios de comunicación lo reseñaron pero quizá no toda la ciudadanía se informó adecuadamente. ¿Qué debió ocurrir tras semejante evaluación por parte de un experto de la ONU de haber tenido un gobierno responsable y preocupado por el bienestar de la población? Pues, un gobierno decente hubiera recibido las recomendaciones de la ONU, hubiera iniciado un proceso de reformas en las políticas de alimentación, hubiera reactivado los comedores escolares en todos los niveles de educación, hubiera implementado un programa de comedores vecinales para atender a los ciudadanos con mayores dificultades, hubiera rediseñado el programa CLAP para evitar su uso con fines proselitistas, pero no… nada de eso ocurrió.
¿Qué fue lo que sí ocurrió? Pues que el 15 de febrero el canciller Yvan Gil anunció ante la prensa la decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro de expulsar del país al personal de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Esta decisión se toma por la preocupación del Alto Comisionado de la ONU por las recientes detenciones de activistas por los DDHH ocurridas en el país? No lo sabemos. No obstante, tampoco podemos saber si declaraciones como las emitidas por el señor Michael Fakhri pudieron tener algún peso en esa decisión. En todo caso, sea por una u otra razón, o ambas, lo relevante, lo cierto, la dolorosa realidad, es que quienes hoy tienen hambre y se les vulnera gravemente su derecho a la alimentación seguirán teniendo hambre porque la prioridad del autoritarismo no es evitar que la gente sufra por no comer, nada de eso, la prioridad es que los que no comen mueran de hambre en silencio, que no se quejen ni que nadie se queje por ellos.
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