Las sanciones buscan debilitar la infraestructura financiera y defensiva de Rusia, y toman medidas contra los responsables de la muerte de Alexéi Navalni.
En un movimiento sin precedentes, Estados Unidos ha anunciado la imposición de sanciones contra medio millar de objetivos en Rusia, en el marco del segundo aniversario de la guerra de Ucrania.
Estas medidas, las más extensas desde el inicio del conflicto, buscan impactar de manera significativa la infraestructura financiera y la capacidad defensiva del gobierno de Vladímir Putin, además de responder a la muerte del opositor Alexéi Navalni.
El paquete de sanciones está diseñado para limitar la producción y exportaciones de energía de Rusia, interrumpir la evasión de sanciones, y restringir los ingresos procedentes de la minería y los metales. Además, apunta a debilitar la capacidad defensiva de Rusia y perseguir a los usuarios de programas maliciosos.
Los Departamentos del Tesoro, Comercio y Estado de EE.UU. han coordinado esfuerzos para sancionar a cerca de 300 personas y entidades, 90 empresas, y más de 250 entidades e individuos, respectivamente.
Entre los sancionados figuran tres personas directamente vinculadas con la estancia en prisión y posterior muerte de Navalni, destacando el director del sistema de prisiones de la región Yamalo-Nenets, Igor Borisovich Rakitin, y el subdirector del Servicio Penitenciario Federal de Rusia, Valeriy Gennadevich Boyarinev, quien presuntamente instruyó aplicar un trato más severo a Navalni.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha explicado que estas sanciones buscan atacar directamente la infraestructura financiera central de Rusia, implicando también al operador del Sistema Nacional de Pago Mir, varios bancos, empresas de inversión, y empresas de tecnología financiera.
Asimismo, se advierte de un intento por endurecer el «límite de precios» al petróleo ruso, exigiendo que los compradores adquieran petróleo ruso a una tasa de descuento, bajo amenaza de sanciones financieras.
Además, la acción no se limita a entidades rusas, afectando también a compañías y ciudadanos de terceros países, como China, Serbia, Alemania, Liechtenstein y Emiratos Árabes Unidos, con el propósito de «negar a Rusia los recursos necesarios para apoyar su brutal guerra contra Ucrania».