En Ginebra, la CIDH reitera su rechazo a la decisión de Nicolás Maduro de expulsar al personal del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado una vez más su firme condena a la decisión del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela de suspender las operaciones de la oficina en Caracas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de expulsar a su personal del país.
Este pronunciamiento tuvo lugar durante el 55º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en Ginebra, donde la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, destacó la crítica situación de los derechos humanos en Venezuela.
Clarke enfatizó «la importancia del escrutinio internacional de los derechos humanos en el contexto de instituciones democráticas que se debilitan y la supremacía de la ley». Esta declaración subraya la preocupación creciente por el deterioro del marco democrático y el respeto a los derechos humanos en Venezuela, un país donde la falta de garantías para la protección de estas libertades fundamentales se ha convertido en una constante.
La expulsión de los funcionarios de la ONU encargados de monitorear y asesorar sobre la situación de los derechos humanos en el país ha sido interpretada como un intento de Maduro de silenciar y limitar el alcance de las críticas y observaciones internacionales sobre su gestión en materia de derechos humanos.
Clarke advirtió que la expulsión del personal de la ONU es «especialmente preocupante en un país marcado por el cierre del espacio democrático y la ausencia del Estado de derecho».