En medio de acusaciones y disputas, el fiscal general de Venezuela cuestiona la imparcialidad de la CPI y resalta los esfuerzos nacionales por la justicia.
La reciente decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de desestimar la apelación de Venezuela sobre la reanudación de la investigación por supuestos crímenes de lesa humanidad ha desencadenado una ola de reacciones dentro del país. En una rueda de prensa emitida por Venezolana de Televisión (VTV), el fiscal general de la República, Tarek William Saab, no tardó en expresar su firme rechazo a esta decisión, acusando a la CPI de persistir en la «instrumentalización» de la justicia penal internacional con «fines políticos».
«La estrategia de acusar a Venezuela en la CPI fue coordinada entre Luis Almagro y el Grupo de Lima para lograr lo que por otras vías no han logrado», señaló Saab, sugiriendo que detrás de las acusaciones hay una agenda política orquestada que utiliza medios de comunicación y redes sociales para construir una «realidad paralela».
A pesar de las acusaciones, Saab asegura que en Venezuela «no se han cometido delitos» de lesa humanidad, destacando la labor del Ministerio Público y órganos auxiliares en la investigación de presuntas violaciones de derechos humanos. Según él, las denuncias han disminuido en un 36% desde 2018 hasta 2023, lo que demostraría el compromiso del Estado venezolano con la justicia y la colaboración con la CPI.
El fiscal también criticó la actuación de la oficina del alto comisionado, acusándola de «defender a asesinos» y querer revisar expedientes que, en su opinión, no corresponden a su competencia. Saab mencionó el caso de la activista Rocío San Miguel, cuya detención fue objeto de controversia, para ilustrar cómo algunos sectores intentan manipular la percepción internacional sobre Venezuela.
Con 2.313 personas imputadas por violaciones a derechos humanos desde el inicio de su gestión, Saab defiende la actuación de la justicia venezolana frente a las críticas y cuestionamientos internacionales. Además, condenó la falta de acción de la CPI y la ONU ante lo que denomina «el holocausto del siglo XXI» en la Franja de Gaza, criticando la doble moral y la inacción ante otros conflictos internacionales.