Febrero marcó un pico en la represión contra periodistas, activistas y ciudadanos, con 41 casos de violaciones a la libertad de expresión documentados.
En un giro preocupante para la democracia y la libertad de expresión en Venezuela, el mes de febrero se convirtió en el escenario de una serie de acciones que han puesto en jaque estos derechos fundamentales. La organización Espacio Público ha puesto cifras a esta realidad, documentando 15 casos que suman hasta 41 violaciones a la libertad de expresión, y cuyas víctimas, 33 en total, van desde periodistas y medios de comunicación hasta ciudadanos comunes y miembros de organizaciones no gubernamentales.
El análisis detalla que la mayoría de los victimarios, con un total de 19, tienen vínculos directos con el Estado venezolano o el partido de gobierno. Esto incluye a ocho instituciones públicas y seis cuerpos de seguridad, junto con cuatro funcionarios del Estado y un grupo simpatizante del oficialismo. Estas cifras no solo reflejan un patrón de intimidación y censura sino también una preocupante tendencia hacia la represión estatal.
Uno de los incidentes más alarmantes fue la detención arbitraria de Rocío San Miguel, una destacada defensora de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano. Su detención, ocurrida el 9 de febrero, y las circunstancias que la rodearon han generado una ola de indignación y preocupación a nivel nacional e internacional. El fiscal general Tarek William Saab, al informar sobre su detención, alegó una supuesta conspiración, una acusación que ha sido criticada por su falta de transparencia y violación al debido proceso.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) también ha jugado un papel en este escenario, con el cierre de emisoras de radio sin avisos previos ni justificaciones claras, una maniobra que parece buscar silenciar las voces disidentes. A esto se suma la detención de un influencer local en Maracaibo por usar «vestimenta indecorosa», un acto denunciado como una violación a la libertad de expresión.
Defensores de derechos humanos, activistas, y abogados como Joel García, también han sido blancos de hostigamiento y amenazas, en un intento por intimidar y silenciar a aquellos que trabajan en la defensa de las libertades fundamentales en el país.
Además, un ciberataque a la empresa de telecomunicaciones Digitel ha expuesto datos personales de millones de usuarios, elevando las preocupaciones sobre la seguridad de la información y la privacidad en Venezuela.