Corte Suprema de EE.UU. le pone un freno a políticos que bloquean en redes sociales
En una decisión unánime, la Suprema Corte establece nuevos estándares para el bloqueo de críticos en redes sociales por parte de funcionarios gubernamentales.
En una decisión histórica que resuena en los pilares de la libertad de expresión digital, la Suprema Corte de Estados Unidos ha establecido que los funcionarios gubernamentales pueden, bajo ciertas circunstancias, ser demandados por violar la Primera Enmienda de la Constitución al bloquear a críticos en redes sociales. Esta resolución unánime, derivada de casos en California y Michigan, redefine cómo se interpreta la acción gubernamental en el ámbito digital, marcando un hito en la protección de los derechos de libre expresión en la era de la información.
La Corte ha delineado un nuevo estándar para evaluar si los funcionarios públicos actuaron en su capacidad gubernamental al bloquear críticos en plataformas digitales. Según este criterio, un oficial se considera haber actuado como tal si tenía «autoridad real para hablar en nombre del estado sobre un asunto particular» y «pretendía ejercer esa autoridad en las publicaciones relevantes.»
Este veredicto surge como respuesta a las demandas presentadas bajo la Primera Enmienda por personas bloqueadas tras publicar críticas en las cuentas de redes sociales de oficiales locales. Los casos específicos involucraron a funcionarios que, según se alega, violaron derechos fundamentales al limitar el acceso de los ciudadanos a discusiones públicas.
Thomas Berry, del Instituto Cato, elogió la decisión, destacando que «el enfoque de la corte establece un equilibrio razonable entre el derecho general del público a acceder a comunicaciones oficiales del estado y los derechos de los oficiales gubernamentales a ejercer su propia libertad de expresión.» Por su parte, Evelyn Danforth-Scott, de la ACLU, subrayó la importancia del fallo para la rendición de cuentas constitucional de los funcionarios al censurar contenido en redes sociales.
En el caso de California, dos miembros de la junta escolar de la ciudad de Poway fueron apelados tras una decisión a favor de padres que los demandaron por ser bloqueados en X y Facebook. En Michigan, un residente demandó a un funcionario de la ciudad por bloquearlo en Facebook tras críticas sobre la pandemia, caso en el que también se falló inicialmente a favor del funcionario.