En una jornada marcada por protestas y cortes de ruta, organizaciones sociales rechazan las políticas de ajuste del gobierno, denunciando desabastecimiento y crecimiento de la pobreza.
Este lunes, las calles de Argentina se llenaron de voces de descontento y reclamos ante las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei. Organizaciones sociales, reunidas bajo la Unidad Piquetera y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep), han salido a protestar en todo el país, incluidos los accesos a Buenos Aires, contra lo que consideran medidas que profundizan la crisis económica y social que vive la nación.
«¡Queremos registrarnos, ese es nuestro derecho!», clamaron los manifestantes en una acción que denuncia el corte de provisiones a más de 45.000 comedores populares, afectando directamente a familias en situación de vulnerabilidad. Alí Faza, uno de los ciudadanos presentes en las movilizaciones, expresa la urgencia de su lucha: «Solo tenemos un mes para poder inscribirnos, cada día que pasa es un día que se nos viola nuestro derecho».
El gobierno de Milei, que ha buscado eliminar a los intermediarios en la distribución de alimentos para combatir la corrupción, enfrenta críticas por parte de las mismas organizaciones que hoy se ven afectadas por la falta de provisiones. La crisis, exacerbada por una inflación del 254,2% y niveles de pobreza superiores al 40%, encuentra a una sociedad argentina en busca de respuestas y acciones concretas para mitigar el impacto en los más vulnerables.
La respuesta del gobierno hasta el momento, enfocada en alcanzar el equilibrio fiscal y ordenar los desequilibrios macroeconómicos heredados, ha tenido un impacto directo en la calle. Los recortes fiscales, a los que Milei aludió durante su campaña con la metáfora de la «motosierra», han resultado en un creciente descontento social que ya se ha manifestado en protestas y una huelga general.
Con un escenario de aprobación dividido, según las últimas encuestas, el desafío para el gobierno de Milei no solo reside en la estabilización económica, sino en la gobernabilidad y la capacidad de responder a las demandas sociales en un momento de profunda crisis.