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Régimen de Maduro amenaza con Ley Antifascismo: ¿Qué será fascismo según ellos?

Régimen de Maduro amenaza con Ley Antifascismo: ¿Qué será fascismo según ellos?

En un momento crítico pre-electoral, el gobierno de Maduro establece una comisión para combatir el fascismo y el neofascismo en la política nacional.


En un movimiento que busca confrontar lo que el régimen de Nicolás Maduro percibe como amenazas tanto internas como externas al orden y la estabilidad de Venezuela, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez anunció la creación de una comisión para elaborar un proyecto de ley contra el fascismo y toda expresión neofascista.

Esta iniciativa, anunciada este domingo en la plataforma X, surge en un contexto de alta tensión política y social, particularmente en vísperas del cierre del período de inscripción de candidatos para las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio.

Rodríguez, al dar a conocer la formación de la «Alta Comisión de Estado contra el Fascismo y el Neofascismo», subrayó que esta medida es una respuesta directa a los episodios de violencia que sacudieron al país en los años 2014, 2015 y 2017, así como a las acciones que, según el gobierno, buscaron desestabilizar al país y comprometer su economía, soberanía e integridad territorial. Estos eventos incluyen la toma del parlamento venezolano en 2015 por «factores extremistas», en palabras de Rodríguez, con el objetivo de despojar a Venezuela de sus recursos.

El proyecto de ley también se enmarca en un contexto de preocupación por las «expresiones neofascistas enconadas en centros de poder al servicio del norte global».

Este anuncio ocurre paralelamente a las dificultades enfrentadas por la oposición venezolana para inscribir a su candidata unitaria, Corina Yoris, después de que María Corina Machado, quien ganó las primarias de la oposición, fuera inhabilitada para competir.

La propuesta de ley, según Rodríguez, se presentará «a la brevedad» ante la Asamblea Nacional, actualmente dominada por el madurismo, lo que sugiere una rápida aprobación. Sin embargo, el impacto y la recepción de esta ley dentro de Venezuela y en la comunidad internacional permanecen por verse, en un momento donde la polarización política parece alcanzar nuevos picos y la narrativa gubernamental busca redefinir los términos del debate político en el país.