La polémica inscripción de Manuel Rosales para las presidenciales desafía el artículo 229 de la Constitución venezolana, encendiendo el debate político y legal.
En un giro que aviva aún más el ya candente escenario político venezolano, Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y figura prominente de la política nacional, se inscribe como candidato a la Presidencia de la República, desafiando directamente el artículo 229 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Dicho artículo establece claramente que ningún individuo ejerciendo un cargo ejecutivo puede postularse para presidente sin renunciar a su posición actual, poniendo en tela de juicio la legalidad de su candidatura.
La inscripción de Rosales, efectuada por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) justo antes del cierre del proceso de postulación en el Consejo Nacional Electoral (CNE), viene a complicar el ya de por sí complejo tablero político venezolano.
Lo hace en un momento en que el CNE bloquea la candidatura de Corina Yoris, la opción unitaria de la oposición, añadiendo más controversia y preguntas sobre el proceso electoral venidero.
Hasta el momento, ni Manuel Rosales ni la Gobernación del estado Zulia han emitido declaración alguna que aclare la situación respecto a una posible renuncia o apartamiento del cargo de gobernador, como lo exigiría la Constitución para validar su candidatura presidencial. Esta omisión alimenta el debate entre analistas, opositores y seguidores, sobre la interpretación de la ley y los precedentes que esta situación podría establecer para futuras contiendas electorales.
Esta no sería la primera vez que Rosales aspira a la silla presidencial; su primera tentativa fue en 2006, cuando se enfrentó a Hugo Chávez, resultando derrotado.
Ahora, buscando nuevamente el apoyo popular, su candidatura se ve envuelta en una nube de incertidumbre legal y política, planteando interrogantes sobre la equidad y la transparencia del proceso electoral.