La Fiscalía de Manhattan solicita restringir los ataques de Trump a familiares de los involucrados en su juicio por pagos de silencio.
En un gesto audaz por parte de la Fiscalía de Manhattan, el juez Juan Merchan recibió el lunes una solicitud para expandir la orden de silencio impuesta sobre Donald Trump, el ex presidente de los Estados Unidos, en un esfuerzo por frenar sus ataques hacia los familiares de las personas involucradas en su juicio criminal relacionado con pagos de silencio.
La petición busca prohibir a Trump hacer o dirigir a otros a hacer declaraciones públicas sobre familiares del tribunal, la Fiscalía, y cualquier otro individuo mencionado en la orden. Esta solicitud llega después de que Trump lanzara una serie de publicaciones en su plataforma de redes sociales atacando directamente a la familia del juez Merchan, a pesar de que la orden de silencio inicial no cubría al Fiscal de Distrito Alvin Bragg, al juez o a sus familiares.
Trump calificó a Merchan de “comprometido” y nombró específicamente a la hija del juez, que trabaja para una firma de consultoría política, citando publicaciones de una cuenta en X que, según dijo, pertenecía a la hija. Sin embargo, un portavoz del tribunal aclaró que la hija del juez desactivó su cuenta hace dos años y que las publicaciones no eran de ella.
El equipo de defensa de Trump argumenta que tiene el derecho de la Primera Enmienda a defenderse y participar en discursos de campaña. Sin embargo, la Fiscalía contrarresta esta posición, destacando que las acciones de Trump no constituyen una defensa legítima ni discursos de campaña, sino ataques personales sin base.
El futuro de esta expansión de la orden de silencio es incierto, con el equipo legal de Trump oponiéndose firmemente y señalando la posibilidad de apelar la orden emitida por Merchan. Además, han solicitado la recusación del juez basándose en «circunstancias cambiadas y evidencia recién descubierta», aunque Merchan ya negó una moción similar el año pasado.
Este giro en el juicio de Trump destaca las tensiones crecientes y plantea preguntas significativas sobre los límites de la libertad de expresión en contextos legales y la protección de los individuos involucrados en juicios de alto perfil. Con el juicio programado para comenzar en solo dos semanas, la atención está puesta en cómo estas solicitudes afectarán el procedimiento y si marcarán un precedente en la manera de manejar los ataques personales en el sistema judicial de Estados Unidos.