La HB 621 introduce medidas drásticas para proteger a los propietarios y sancionar a los ocupantes ilegales, marcando un antes y un después en el estado.
En una movida contundente hacia la protección de la propiedad privada, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley HB 621, marcando un hito en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas en el estado. «Estamos poniendo fin a la estafa de los ocupantes ilegales en Florida», declaró DeSantis, subrayando el compromiso de su administración con la protección de los derechos de los propietarios frente a quienes buscan burlar el sistema.
La ley, que entrará en vigor el 1° de julio, proporciona a los propietarios de inmuebles herramientas rápidas y eficaces para solicitar el desalojo inmediato de ocupantes ilegales, bajo ciertas condiciones como la entrada ilegal y la permanencia sin consentimiento en la propiedad. Esto representa una solución a las largas y costosas batallas legales que muchos propietarios han enfrentado hasta ahora.
La fiscal general Ashley Moody aplaudió la medida, destacando que «Florida está una vez más a la cabeza de la nación, esta vez en proteger nuestro estado contra los ocupantes ilegales». La ley también establece severas sanciones para quienes participen en este tipo de ocupación y para quienes la fomenten, incluyendo la clasificación de ciertas acciones como delitos graves de segundo grado.
Este cambio legislativo responde a un creciente problema en el estado, donde la ocupación ilegal de viviendas y terrenos vacíos se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos propietarios. La abogada Marie Javier, víctima de esta problemática, compartió su experiencia, resaltando cómo la nueva ley habría cambiado su situación al permitir una acción policial inmediata contra los ocupantes ilegales.
La ley HB 621 es un reflejo del enfoque de la administración de DeSantis hacia los derechos de propiedad y la seguridad jurídica en Florida, estableciendo un precedente importante en la protección contra la ocupación ilegal.
Mientras tanto, en un contexto más amplio, la Corte Suprema de Florida tomó decisiones cruciales respecto al aborto, manteniendo una prohibición de 15 semanas pero permitiendo que una enmienda para proteger el derecho al aborto aparezca en la boleta electoral de noviembre, lo que podría dar lugar a cambios significativos en la legislación estatal dependiendo del resultado de las votaciones.
En conjunto, estas acciones legales y judiciales reflejan los dinámicos debates sociales y políticos que atraviesan el estado de Florida, con implicaciones que van más allá de sus fronteras y que son observadas de cerca por el resto del país.