El gobierno peruano intensifica su estrategia contra el ‘Tren de Aragua’, declarado la principal amenaza para la seguridad nacional.
En un escenario donde la inseguridad se ha convertido en uno de los temas más acuciantes para la sociedad peruana, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, dio un paso al frente este miércoles en el Congreso para abordar de manera contundente la que es considerada como la mayor amenaza actual: la banda criminal venezolana ‘Tren de Aragua’. Su presencia y actividades delictivas han puesto en jaque la paz social y la seguridad en Perú, llevando al Gobierno a tomar medidas drásticas.
Durante su presentación, Adrianzén delineó una estrategia robusta para fortalecer al Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo claro de desmantelar esta organización criminal y sus múltiples ramificaciones. La creciente ola de inseguridad ciudadana, marcada por delitos de extorsión, secuestro, sicariato, y tráfico ilícito de armas, entre otros, ha urgido a la administración actual a actuar de manera decisiva.
El anuncio de operaciones especiales para desarticular todas las organizaciones dedicadas a cometer estos crímenes viene acompañado de la creación de la División de Investigación de Delitos Transnacionales, una iniciativa que promete ser un duro golpe contra las actividades del ‘Tren de Aragua’. Este conjunto de medidas pone de manifiesto la determinación del Gobierno peruano de recuperar el control y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Además, Adrianzén subrayó la importancia de regular el tránsito y la permanencia de extranjeros en el país, implementando medidas administrativas y coercitivas para asegurar el cumplimiento de las normas. La Superintendencia Nacional de Migraciones desempeñará un papel crucial en este esfuerzo, con la realización de 3.900 operativos este año destinados a verificar la documentación y situación migratoria de los extranjeros, reflejando la necesidad de una coordinación efectiva entre el gobierno nacional y los locales para mantener el orden público y la seguridad ciudadana.
En un frente adicional, el control de armas de fuego de uso civil se verá reforzado a través de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), con el compromiso de destruir un promedio de 10.000 armas de fuego por fundición en 2024, provenientes de incautaciones en actos delictivos y entregas voluntarias.