Boric urge a la cooperación regional contra el crimen para evitar soluciones autoritarias

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Fotografía de archivo del presidente de Chile, Gabriel Boric, en San Francisco, California. EFE/JOHN G. MABANGLO

En la apertura del foro regional del Consenso de Brasilia, el presidente de Chile destacó la necesidad de robustecer la democracia a través de la colaboración internacional en seguridad.

En un momento crucial para la seguridad en América Latina, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha hecho un llamado vehemente a incrementar la cooperación entre las naciones para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Durante la apertura de la Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Seguridad Pública y Crimen Organizado del Consenso de Brasilia, Boric expresó la urgencia de adoptar medidas conjuntas que refuercen las democracias frente a las tentaciones autoritarias y populistas.

«Si las democracias no se muestran robustas, decididas, con iniciativas, se abre paso a soluciones autoritarias y populistas que terminan restringiendo libertades y, por lo general aumentando la violencia», señaló Boric en su discurso inaugural. El mandatario enfatizó que el Estado democrático posee todas las herramientas necesarias para afrontar estos desafíos, pero subrayó que es imprescindible la «colaboración estrecha de todos y cada uno de nuestros gobiernos».

La reunión en Brasilia, que cuenta con la participación de viceministros y autoridades de seguridad de países como Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Guyana, Surinam y Venezuela, tiene como objetivo principal avanzar en el intercambio de información y fortalecer la coordinación en zonas fronterizas, así como cooperar en materia penitenciaria.

«No podemos dar ni un paso atrás. No podemos ceder en esta batalla. A la delincuencia y al crimen organizado les vamos a ganar, pero lo vamos a hacer juntos», proclamó Boric, quien también aprovechó la ocasión para abordar las tensiones recientes con Venezuela respecto a la cooperación en seguridad. Esta declaración se produce después de que Chile llamara a consultas a su embajador en Caracas, en respuesta a las declaraciones del gobierno venezolano que negaban la existencia de la banda criminal Tren de Aragua, descritas por el canciller Yván Gil como una invención mediática.

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