La solicitud surge en un contexto de escándalos de corrupción que afectan al gobierno y podría complicar la aprobación de reformas clave.
En un movimiento que intensifica la presión sobre el gobierno de Gustavo Petro, dos magistrados del Concejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, han solicitado iniciar una investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022. Los magistrados alegan una posible violación de los límites de financiación establecidos por ley, lo que pone en tela de juicio la transparencia y legalidad de la campaña que llevó a Petro al poder.
Este pedido de investigación se enmarca dentro de un período turbulento para el presidente Petro, marcado recientemente por un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la renuncia de una figura clave de su administración, complicando aún más el panorama político para el mandatario.
Según las indagaciones preliminares, se identificó que la campaña de Petro pudo haber excedido los límites de financiación por unos 6.000 millones de pesos (aproximadamente 1,5 millones de dólares). Además, se investigan posibles aportes no registrados de dos sindicatos y el uso de vuelos privados proporcionados por una empresa de aviación que no fueron declarados adecuadamente.
Estas acusaciones llegan en un momento crítico para el gobierno de Petro, que enfrenta dificultades para avanzar con su agenda de reformas sociales y económicas en el Congreso, donde no cuenta con una mayoría sólida. La posible apertura de una investigación formal podría afectar significativamente la capacidad del presidente para implementar las políticas que prometió durante su campaña.
El proceso de decisión sobre la apertura de la investigación recae en la sala plena del CNE, compuesta por nueve magistrados, que determinarán si procede o no la solicitud de Ortiz y Prada. Si se decide avanzar, el caso de Petro podría ser llevado ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, mientras que el caso del gerente de la campaña, Ricardo Roa, sería investigado por la Fiscalía General.
En respuesta a estas acusaciones, Petro ha negado cualquier irregularidad, atribuyendo las acusaciones a un complot destinado a derrocarlo e impedir que lleve a cabo sus reformas. «Estamos ante una arbitrariedad: Una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde es con la fuerza del pueblo», afirmó Petro en su cuenta de X, reflejando la tensión y el desafío que enfrenta su administración en este complicado contexto político.