El Departamento del Tesoro renueva la autorización a Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International para mantener actividades limitadas con PDVSA hasta noviembre de 2024.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes la prórroga de la licencia que permite a cuatro destacadas empresas de servicios petroleros, Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC y Weatherford International, continuar sus operaciones esenciales en Venezuela. La Licencia General 8N, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), estará vigente hasta el 15 de noviembre de 2024, facilitando a estas compañías la gestión que asegura la preservación de sus activos y la seguridad de su personal en el país.
La renovación de la licencia autoriza a estas empresas a llevar a cabo transacciones y actividades necesarias para la seguridad del personal, la integridad de las operaciones y la conservación de los activos en Venezuela. Esta medida es crucial para las empresas que han estado operando bajo estrictas condiciones debido a las sanciones impuestas a la industria petrolera venezolana, especialmente a Petróleos de Venezuela (PDVSA), en el contexto de la crisis política y económica que enfrenta el país.
Entre las actividades permitidas bajo esta licencia se incluyen la participación en reuniones de accionistas y directorios, el pago de facturas de terceros por transacciones previamente autorizadas y la gestión de operaciones cotidianas. Además, se autoriza el pago de impuestos locales, la compra de servicios públicos esenciales y los salarios de empleados y contratistas en Venezuela.
La Licencia General 8N reemplaza a la 8M y especifica que las operaciones autorizadas deben haber sido permitidas previamente —específicamente menciona aquellas aprobadas hasta abril de 2020— garantizando así que las empresas continúen operando dentro del marco legal establecido por Estados Unidos.
Esta extensión es significativa, ya que proporciona cierta estabilidad operativa a estas empresas en un entorno de constante incertidumbre política y económica. Además, refleja un equilibrio delicado en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela, buscando presionar al gobierno de Nicolás Maduro mientras permite operaciones limitadas que no agravan la situación humanitaria en el país.
La decisión de prorrogar la licencia subraya la importancia de mantener infraestructuras críticas y asegurar que las operaciones de energía no se interrumpan abruptamente, lo cual podría tener consecuencias negativas tanto para la población venezolana como para el mercado energético global.