Régimen de Maduro rechaza nuevas sanciones de EE.UU. contra Nicaragua
El régimen de Nicolás Maduro condena las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos a empresas mineras y funcionarios nicaragüenses.
El régimen de Nicolás Maduro expresó su más profundo rechazo a la imposición de una nueva ronda de sanciones de Estados Unidos contra la administración de Nicaragua, que incluye a dos empresas mineras. Estas medidas, según Maduro, buscan quebrar la «férrea» voluntad antimperialista y patriótica del país centroamericano.
“Venezuela expresa su más profundo rechazo a las nuevas agresiones perpetradas por el Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo y Gobierno de Nicaragua, al imponer (…) medidas coercitivas unilaterales contra dos empresas mineras que operan en territorio nicaragüense”, indicó la Cancillería en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X. Asimismo, el régimen venezolano condenó las sanciones impuestas al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia, que opera en la ciudad de Managua.
El Gobierno venezolano considera que Estados Unidos y sus «aliados occidentales» buscan, por «todas las vías posibles», quebrar la «férrea voluntad antimperialista y patriótica del Gobierno de Nicaragua, que defiende el sagrado derecho de su pueblo por avanzar en paz y estabilidad en la noble construcción de un presente mejor, más justo y humanitario».
En su comunicado, el régimen de Maduro exhortó a la comunidad internacional a condenar estas acciones «retrógradas e injerencistas» que pretenden lesionar el «inalienable y sagrado derecho a la libre actividad económica y la autodeterminación de los pueblos».
Estas declaraciones vienen tras el anuncio de Estados Unidos el miércoles, cuando lanzó una nueva ronda de sanciones contra el Gobierno de Nicaragua, afectando a decenas de funcionarios y empresas, acusándolos de atacar los derechos humanos y ser «cómplices en la explotación de migrantes».
Altos funcionarios de la Casa Blanca informaron, en una llamada con la prensa, que el Departamento de Estado ha impuesto restricciones de visa a más de 250 personas, entre ellas decenas de miembros del Gobierno de Nicaragua y a sus familiares, por apoyar «el ataque a los derechos humanos del régimen de (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo».
Entre los sancionados por el Departamento de Estado están policías y personal paramilitar, funcionarios penitenciarios, fiscales, jueces y funcionarios de educación superior pública. También se sancionó a la Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima (COMINTSA) y a Capital Mining Investment Nicaragua, dos empresas mineras que comercian con oro y que, como «afiliadas al Gobierno», «generan ingresos para el régimen Ortega-Murillo».