Exigen al gobierno de Díaz-Canel que investigue y sancione los abusos cometidos durante la represión de las manifestaciones del 11 de julio.
Seis relatores de la ONU han instado a Cuba a rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos vinculadas a la represión policial y los procesos judiciales derivados de las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en la isla. En una carta de 16 páginas dirigida al dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, los relatores expresaron sus «preocupaciones» y solicitaron explicaciones a La Habana. El documento, fechado el 3 de abril y al que tuvo acceso la agencia EFE, fue publicado tras pasar 60 días sin respuesta del régimen cubano.
«Quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas», escribieron los relatores. Además, urgieron a Díaz-Canel a tomar medidas efectivas para evitar que estos hechos se repitan.
La carta argumenta que, de confirmarse las alegaciones, se habrían violado numerosas normas y estándares internacionales de derechos humanos, incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Los relatores subrayan que las informaciones en las que se basa el escrito son «suficientemente fiables» como para recibir una «atención inmediata», aunque aclaran que no quieren prejuzgar la veracidad de las alegaciones presentadas.
Entre las demandas, los relatores piden al régimen cubano que explique cómo el sistema legal cubano, desde la elección de jueces y abogados hasta el proceso investigativo y judicial, es «compatible» con las obligaciones del país en materia de derechos humanos. También solicitan que describan las «medidas» adoptadas para asegurar que la legislación cubana cumple con las obligaciones internacionales en derechos humanos asumidas por el país y garantiza los derechos de reunión pacífica, asociación y expresión «sin temor» a sufrir detención.
El documento incluye un resumen de la información que desencadenó el procedimiento, destacando que «cientos de miles» de manifestantes participaron en las protestas del 11 de julio de 2021. La respuesta del gobierno cubano incluyó la disolución violenta de las marchas y la detención de entre 5.000 y 8.000 personas en los días posteriores. Además, se indica que «miles» de cubanos no tuvieron un «juicio justo» ni disfrutaron del «debido proceso», y que los jueces, fiscales y abogados en Cuba no pueden actuar con independencia del Partido Comunista de Cuba (PCC).
La ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, aseguró que la carta de los relatores es una «respuesta directa y unívoca» a la denuncia que entregaron a la ONU en julio de 2023. Javier Larrondo, presidente de la ONG, manifestó su «profundo agradecimiento» a los relatores y su intención de seguir trabajando por «erradicar el entramado procesal de violación de los derechos de todos los procesados, condenados y presos políticos y de conciencia en Cuba».
El documento fue suscrito por los relatores especiales sobre la independencia de los magistrados y abogados, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También firmaron la carta el vicepresidente de comunicaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Las protestas del 11 de julio de 2021 marcaron un punto de inflexión político y social en Cuba. Desde entonces, Prisoners Defenders ha registrado alrededor de 1.500 presos por motivos políticos, mientras que la ONG Justicia 11J ha documentado 1.905 personas detenidas, de las cuales 800 continúan en prisión.