Jorge Rodríguez anuncia que el Parlamento debatirá la fiscalización de las ONG y nuevas leyes contra el odio y la «dictadura de las redes sociales.»
En un movimiento que podría cambiar drásticamente el panorama de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el uso de redes sociales en Venezuela, la Asamblea Nacional (AN) se prepara para aprobar en segunda discusión la ley para la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG en el país. El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, anunció que este martes 13 de agosto el Parlamento tiene previsto aprobar esta controvertida ley, la cual ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
Durante una reunión del Consejo de Estado y Defensa de la Nación, Rodríguez destacó que, aunque existen ONG como la Cruz Roja que «funcionan prestando un servicio a las personas,» muchas otras son «la fachada para el financiamiento de acciones terroristas».
En línea con estas medidas, Rodríguez anunció la suspensión del receso parlamentario previsto para comenzar el 15 de agosto, en respuesta a una solicitud del presidente Maduro. “Vamos a dedicarnos a la tarea de aprobar un paquete de leyes para cuidar y defender a nuestra población de las expresiones de odio, terrorismo y de la difusión de ideas fascistas y de odio en las redes sociales,” subrayó Rodríguez, evidenciando la intención del gobierno de ejercer un control más estricto sobre la libertad de expresión y la actividad política en el país.
Entre las nuevas propuestas legislativas, el presidente de la AN también adelantó que se discutirá una ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, además de revisar la Ley contra el Odio para incorporar elementos específicos sobre el «odio en las redes sociales». Estas iniciativas reflejan una estrategia más amplia para limitar la influencia de las redes sociales, que Rodríguez describió como el «mayor peligro que existe contra la libertad del ser humano, la paz del planeta y la necesidad que tenemos de vivir en una sociedad basada en los consensos».
Además, Rodríguez propuso un proyecto de ley para «reglamentar el funcionamiento de las redes sociales» en Venezuela. Este proyecto busca no solo «defender al Estado y sus instituciones», sino también proteger a la población, especialmente a los niños, de lo que él considera una «infección de odio» propagada a través de estas plataformas.
La postura del gobierno venezolano, según Rodríguez, se basa en la convicción de que las redes sociales representan una amenaza global que podría llevar al mundo hacia una «dictadura planetaria, donde tres personas deciden por la mente de millones de personas».