Despidos y renuncias forzadas en PDVSA, Corpoelec y otros sectores son señalados como represalias por el rechazo al gobierno.
El Partido Comunista de Venezuela (PCV) ha alzado la voz para denunciar lo que describe como una «purga política» dentro de instituciones y empresas estatales. Según el PCV, el gobierno ha iniciado una serie de despidos ilegales y renuncias forzadas en respuesta al descontento expresado por trabajadores de sectores clave como Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), y el sector salud.
Jaqueline López, integrante del PCV, reveló que los empleados están siendo «amenazados y perseguidos en sus centros de trabajo» por haber manifestado su rechazo a la gestión gubernamental y por expresar sus «dudas» sobre los resultados electorales. «Tenemos noticias de despidos ilegales y renuncias forzosas en PDVSA, Corpoelec y el sector de la salud», afirmó López, quien además alertó sobre un aumento en las «prácticas de acoso laboral» en áreas como la educación y en diversas gobernaciones y alcaldías.
Una de las denuncias más alarmantes proviene del canal estatal VTV, donde varios empleados fueron supuestamente despedidos por razones políticas. Según López, y respaldada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, estos trabajadores fueron removidos de sus cargos por acciones tan simples como darle ‘me gusta’ a publicaciones de la líder opositora María Corina Machado o por escribir la palabra «fraude» en sus estados de WhatsApp.
La denuncia del PCV no se limita a los despidos y acosos laborales. López también subrayó que esta «escalada del Gobierno» es una continuación de la represión que se desencadenó tras las elecciones, la cual dejó más de 2.400 detenidos y 25 muertes en el marco de protestas contra el resultado oficial. Según López, la represión se ha intensificado contra «sectores vulnerables» y se mantiene una persecución activa contra dirigentes y activistas de organizaciones políticas, sociales y sindicales.
El PCV ha descrito esta situación como una «arremetida represiva» y ha llamado la atención sobre la gravedad de las acciones del gobierno, que, según ellos, no solo buscan silenciar el descontento, sino también consolidar un control aún más férreo sobre el Estado y sus instituciones.