Un juez de Texas detiene un programa clave de Biden para regularizar a cónyuges inmigrantes, generando un debate sobre la legalidad y el impacto humanitario de la medida.
En un giro que pocos vieron venir, un juez de Texas puso en pausa temporalmente el ambicioso plan migratorio del presidente Joe Biden, diseñado para facilitar el estatus legal de los cónyuges inmigrantes de ciudadanos estadounidenses. A solo diez semanas de las elecciones presidenciales, esta decisión, tomada por Campbell Barker, juez federal en Tyler, Texas, amenaza con alterar el tablero político y migratorio de Estados Unidos.
El programa «Keeping Families Together» (Mantener a las Familias Unidas), anunciado con bombo y platillo en junio, prometía beneficiar a más de medio millón de inmigrantes, ofreciendo un ‘parole in place’ que permitiría a quienes calificaran iniciar sus trámites para la residencia permanente sin abandonar el país. Sin embargo, la pausa impuesta por Barker, tras la demanda presentada por 16 fiscales generales de estados republicanos, ha puesto en jaque esta iniciativa.
«Las reclamaciones son sustanciales y merecen una consideración más detallada de la que el tribunal ha podido permitirse hasta la fecha», escribió Barker en su orden, sugiriendo que la pausa podría extenderse hasta mediados de octubre, un timing que no pasa desapercibido en medio de la campaña electoral. Para algunos, esta decisión parece ser más un movimiento estratégico que una cuestión de legalidad.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, uno de los principales impulsores de la demanda, no tardó en celebrar la decisión del tribunal, calificando el plan de Biden como «inconstitucional» y afirmando que habría «recompensado a más de un millón de inmigrantes ilegales». Pero para organizaciones como Justice Action Center, la pausa es un golpe devastador para miles de familias que habían encontrado en este programa una luz al final del túnel. «Detener un proceso para el que Texas no ha podido proporcionar ni un ápice de evidencia de que dañaría al estado es desconcertante», expresó Karen Tumlin, directora de la ONG.
Para familias como la de Rico Ocampo, esta decisión es un recordatorio cruel de la fragilidad de sus sueños. «Si me conceden la libertad condicional, lo primero que haré será abrazar a mis hijos, porque entonces sabré que estaré allí para acostarlos todas las noches», dijo Ocampo, reflejando el impacto humano que las decisiones judiciales pueden tener en la vida cotidiana de las personas.
Angélica Salas, directora ejecutiva de The Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), fue aún más contundente: «La decisión de Texas de tratar de detener este proceso a través de litigios carece de humanidad y ataca nuestros valores estadounidenses que protegen a las familias».
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha intentado tranquilizar a quienes ya han sido aprobados bajo este programa, asegurando que la decisión del tribunal «no afecta a ninguna solicitud que haya sido aprobada antes de que se emitiera» el fallo. Pero la incertidumbre sigue pesando sobre miles de personas que ven en este programa no solo una oportunidad de regularizar su estatus, sino una forma de mantener a sus familias unidas.