El Relator Especial de la ONU, Tomoya Obokata, condena la brutal explotación de presos políticos en Cuba y revela cómo productos de esta «esclavitud moderna» llegan a las mesas europeas.
En una denuncia que sacude las bases de los derechos humanos en pleno siglo XXI, el Relator Especial sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud de la ONU, Tomoya Obokata, ha puesto en la mira a Cuba por la explotación despiadada de sus presos políticos, una práctica que define como «esclavitud moderna» oculta tras los muros de las prisiones. Tras adoptar el demoledor informe de Prisoners Defenders, Obokata no solo condenó el uso de trabajo forzoso en las cárceles cubanas, sino que expuso la alarmante realidad de cómo productos derivados de esta explotación acaban en los hogares europeos.
Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, quien fue clave en traer estas atrocidades a la luz, habló con franqueza sobre la gravedad de la situación. «La denuncia de Prisoners Defenders, adoptada por el Relator Especial, es solo la punta del iceberg. Hablamos de miles de presos políticos que son obligados a trabajar bajo condiciones inhumanas, con una desconexión total entre la ley y la realidad,» afirmó Larrondo en declaraciones a Infobae, dejando claro que el problema es sistémico y no aislado.
Entre los trabajos forzosos más brutales, Larrondo destacó la producción de carbón vegetal de marabú y el corte de caña de la zafra azucarera, labores que son impuestas a los presos políticos sin su consentimiento y bajo amenazas constantes. Lo que es aún más perturbador es que, según Larrondo, más del 93% del carbón de marabú, fruto de esta explotación, se comercializa en países europeos como España, Grecia, Portugal, Italia y Turquía. «Esos gobiernos y empresas, aunque no lo sepan, están participando en un comercio basado en la esclavitud,» advirtió.
El informe no se detiene en la mera denuncia; detalla con precisión quirúrgica los nueve patrones de violación que definen esta práctica en los centros penitenciarios cubanos. Desde la falta de medidas de seguridad y salud hasta la explotación de menores de edad, pasando por jornadas laborales que exceden cualquier límite legal, estos patrones configuran un sistema de explotación diseñado para quebrar a los presos, tanto física como psicológicamente.
Larrondo no escatima en subrayar la responsabilidad que ahora recae sobre Europa. «Con este informe, ya no hay excusas. Europa acaba de aprobar un reglamento que prohíbe la comercialización de productos derivados del trabajo en condiciones de esclavitud. Esto debería marcar un antes y un después en cómo se aborda este comercio en el continente,» declaró a Infobae, exigiendo acciones concretas y urgentes para frenar la entrada de productos manchados con el sufrimiento de los presos cubanos.
El informe del Relator Especial no deja lugar a dudas: los presos políticos en Cuba son tratados como mano de obra esclava, y su dignidad y derechos son sistemáticamente pisoteados. Sectores enteros de la economía cubana, desde la producción de carbón hasta la industria azucarera, se sustentan en esta explotación, que no solo viola la normativa cubana, sino también los tratados internacionales.
(Con información de Infobae)