Desde Nueva Zelanda hasta Bosnia, una coalición global demanda respeto por los derechos humanos y transparencia en las recientes elecciones venezolanas.
Venezuela vuelve a ser el foco de atención internacional. En un movimiento que evidencia la creciente preocupación global, un grupo de 28 países, entre ellos Australia, Ucrania, Nueva Zelanda, y Bosnia y Herzegovina, se han unido este miércoles a una declaración conjunta exigiendo al gobierno venezolano que “ponga fin a la violencia” y haga público todo lo relacionado con las recientes elecciones presidenciales.
En un comunicado explosivo, emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda, estas naciones hacen un llamado directo a la cordura, instando a que todos los actores políticos y sociales en Venezuela actúen con «máxima cautela en sus acciones públicas». ¿El motivo? Los informes de «detenciones arbitrarias sin el debido proceso y la actual represión contra manifestantes», que ya han cobrado vidas en este turbulento contexto poselectoral.
La coalición no se anduvo con rodeos y exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos, incluyendo a aquellos representantes de la oposición que han sido detenidos. Además, el grupo de países no se quedó solo en palabras: solicitaron al gobierno venezolano que permita el regreso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al país. Esto, según la declaración, garantizaría que la ONU pueda «llevar a cabo su mandato» sin trabas.
El comunicado también tocó un punto especialmente sensible: la situación de seis solicitantes de asilo refugiados en la residencia oficial de la República Argentina en Caracas. Los países firmantes pidieron a Venezuela que emita el salvoconducto correspondiente para que estas personas puedan salir del país de manera segura.
Pero el drama no termina ahí. En relación con las recientes elecciones presidenciales, un informe preliminar del Panel de Expertos de la ONU encendió aún más las alarmas: el Consejo Nacional Electoral de Venezuela «aún no ha presentado las actas que respalden los resultados anunciados el 2 de agosto». La respuesta de los 28 países fue clara: exigieron la “inmediata publicación de todas las actas originales y una verificación imparcial a través de una entidad internacional».
Finalmente, la declaración cerró con un llamado al diálogo nacional, pero no cualquier diálogo. Los países enfatizaron que este debe ser «amplio, inclusivo y de buena fe», y subrayaron la necesidad de que este proceso fomente la reconciliación, la paz y la estabilidad política en Venezuela. «Estamos comprometidos a apoyar todos los esfuerzos en esta dirección, abogando siempre por una solución genuinamente venezolana que priorice la democracia, la justicia, la paz y la seguridad», concluye el comunicado.