Madres y hermanas de ocho adolescentes denuncian torturas y detenciones arbitrarias mientras la represión en Venezuela sigue escalando tras las elecciones presidenciales.
En una Venezuela donde la represión no da tregua, las historias de tortura y abusos se multiplican. Esta vez, las madres y hermanas de ocho adolescentes detenidos tras las elecciones presidenciales levantan la voz. Los acusan de “incitación al odio” y “terrorismo”, pero lo que más impacta no son los cargos: son las torturas que aseguran que estos menores han sufrido.
“Los niños dicen que en Zona Siete (Petare) les pasaban corriente,” denunció Theany Urbina, madre de Miguel Urbina, un joven de 16 años, detenido el pasado 2 de agosto. Pero la electricidad no es lo único: “Les ponen una bolsa en la cara con gas lacrimógeno”, añadió la madre, describiendo la llamada «capucha de cebollita», un método de tortura cruel.
Miguel, como otros siete adolescentes, está detenido en la Entidad de Atención Ciudad Caracas, en El Cementerio. Son acusados de crímenes graves que pocos entienden, como «terrorismo», aunque para sus familias está claro: son víctimas de un Estado represor.
En el caso de Miguel, las torturas buscaban arrancarle una confesión grabada en video que lo incriminara, pero el joven se negó. Su madre relata con dolor cómo fue apresado mientras comía una simple chuchería: “Salió el 2 de agosto a las 8 de la mañana a comerse una chuchería y lo agarraron. Dos policías llegaron, tumbaron la chuchería que se estaba comiendo, le cayeron a golpes y se lo llevaron.”
Historias como la de Miguel son eco de una realidad que sigue escalando. El caso de Diomer Gómez, de 17 años, es otra muestra. Recientemente graduado de bachiller, fue arrestado por la Policía Nacional sin una orden. Su hermana, Dionexis García, lo resume en pocas palabras: «Son niños que todavía juegan al escondite».
La represión que no cesa
ONGs como Súmate han denunciado estos abusos, pidiendo la liberación de figuras como Nélida Sánchez, detenida de manera arbitraria y encarcelada en el centro de torturas El Helicoide. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya emitió medidas cautelares en su favor, pero su futuro sigue siendo incierto.
El régimen de Maduro continúa en su espiral represiva, mientras organismos internacionales como la Misión de la ONU investigan las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Alía Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, lo deja claro: “Venezuela se encuentra en otro pico de represión.”
Entre el 29 de julio y el 13 de agosto, la ONG Provea documentó 2.400 detenciones arbitrarias, lo que representa el 94% de las registradas durante las protestas antigubernamentales de 2017. El régimen, que ha calificado a la Misión de la ONU como “falsa y vergonzosa”, no ha permitido que sus expertos visiten el país, pero eso no ha impedido que los testimonios de las víctimas sigan fluyendo.
El futuro incierto de la Misión de la ONU
El próximo 19 de septiembre, la Misión de la ONU presentará su quinto informe, donde se decidirá si su mandato será extendido. Para muchos, su continuidad es vital para mantener la presión internacional sobre un régimen que sigue cometiendo crímenes contra la humanidad, según la Corte Penal Internacional (CPI).
ONGs venezolanas aseguran que la Misión «juega un rol clave» en documentar y denunciar estos abusos. Si el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decide no extender su mandato, la lucha por los derechos humanos en Venezuela perderá una herramienta crucial en su intento de frenar la represión.