Por Jaime Granda
Va en aumento descontento dentro del chavismo.
Dentro y fuera del país son más cada día los que aportan para que haya cambios que ayuden a que los venezolanos recuperen parte de lo perdido.
Poco a poco y a pesar de la censura en medios locales y la compra de silencio en algunos medios del exterior, la realidad se va perfilando y todo indica que cada día el régimen venezolano tiene menos apoyo dentro y fuera del país.
La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, aunque no tenga acogida en toda la prensa mundial, es una gota más que cae en el vaso casi lleno de medidas que se van acumulando en contra de la cabeza más visible de la cúpula que administra y derrocha los bienes de esta nación.
Que casi todo el foco se centre sobre el Jefe del Poder Ejecutivo Nacional es consecuencia de que Venezuela es un país presidencialista. Es como un equipo de fútbol donde todo recae sobre el número 10.
La sentencia del TSJ en el exilio desde el Congreso de Colombia en Bogotá se basa en pruebas contundentes sobre la responsabilidad de Nicolás Maduro en hechos de corrupción con la empresa constructora de Brasil Odebrecht, similares a los que han sacado de sus cargos a gobernantes como Luiz Inazio Da Silva en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina y otros que están siendo investigados.
El TSJ en el exilio sentenció el miércoles que Nicolás Maduro debe pagar 18 años y tres meses de presidio en la cárcel de Ramo Verde en el estado Miranda, además de resarcir al Estado venezolano con 35 mil millones de dólares y pagar una multa de 25 millones de dólares.
La sentencia lo inhabilita políticamente, lo coloca como usurpador del cargo de presidente de la República de Venezuela y fortalece la orden de captura enviada antes a la Interpol y a los cuerpos policiales de Venezuela.
El TSJ en el exilio alertó a la ONU, la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , el Fondo Monetario Internacional FMI) y otros organismos internacionales a que tomen en cuenta que los contratos firmados por Maduro a partir de la sentencia no tienen validez y no comprometen a la República de Venezuela.
Todo eso, más las medidas en diferentes países contra bienes del propio Maduro, sus familiares y de funcionarios de su entorno, limita la posibilidad de maniobra internacional aunque, aparentemente, tenga el apoyo de Rusia, China, Cuba, Turquía, Nicaragua y otros gobiernos que le dan cierto balance ante el rechazo de decenas de naciones en el resto del mundo y especialmente en América.
Detalles
Mientras Cuba opta por liberar a un líder opositor, el régimen de Venezuela pone en evidencia todo su desprecio a la Constitución vigente desde 1999 y que fue impulsada por el desaparecido Hugo Chávez, para maltratar y manipular al diputado Juan Requesens a quien detuvieron sin cumplir los requisito mínimos en contra de un diputado de la legítima Asamblea Nacional (AN).
Lo más evidente del caso Requesens incluye que no recuerda haber grabado el video divulgado por el régimen con declaraciones que deberían ser parte del sumario del expediente.
El caso Requesens evidenció que hay funcionarios del Servicio de Inteligencia Nacional (Sebin) en desacuerdo con lo que hacen al diputado y divulgaron las fotos de las que luego Aristóbulo Istúriz culpó a los familiares del detenido por esa divulgación, como una crítica velada a la división interna del régimen, que de inmediato mandó a recoger esas fotos y ordenó investigar cómo salieron a la luz pública.
Legalmente no hay justificación para que el juez de la causa del diputado dicte la enajenación de sus bienes muebles e inmuebles, cuando ni siquiera han podido probar fehacientemente su responsabilidad en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro el sábado 04 de agosto en la avenida Bolívar de Caracas.
A los cargos del TSJ en el exilio hay que sumar la opinión del ex presidente de PDVSA y ex ministro de Petróleo Rafael Ramírez en su artículo del pasado domingo en el periódico zuliano Panorama.
Ramírez dijo que la “actitud del gobierno, inconsistente con su discurso destemplado para la tribuna, va desde las contribuciones de Citgo a los factores políticos de derecha en los Estados Unidos, hasta dejar que la Exxon ‘haga’ lo que le da la gana con nuestra soberanía. Esto se llama: traición a la patria”.
Ramírez agregó: “El gobierno ha sido incapaz de conducir a nuestro país a un sendero de desarrollo social y económico. Sólo basta hacer una comparación entre la realidad económica-social de nuestro país en el 2012 y la situación actual.
“La economía está destrozada, en unos niveles que no tienen precedente. Este gobierno superó, en su disfuncionalidad e indolencia, a los peores gobiernos de la IV República. ¡Triste record para la historia!“.
Son muchos los que entienden que la cúpula que gobierna, con Nicolás Maduro como el más visible, ha traicionado todo lo que el proyecto de Hugo Chavista prometía y por eso se multiplican las deserciones y las protestas en instituciones del Estado y en las comunidades populares de todo el país.
Nadie entiende que en la urbanización 23 de Enero de Caracas, para poner un ejemplo, pueda haber quien apoye al régimen de Maduro cuando ya no reciben gas, electricidad con regularidad, agua por las tuberías y lo que devengan no les alcanza para comprar comida y medicinas.
Ese drama se repite en todas las comunidades populares de todo el país que fueron el piso del chavismo y hoy están totalmente de acuerdo con las protestas del sector salud y con la necesidad de que todos los chavistas busquen una salida a la crisis humanitaria que está acabando con vidas en toda Venezuela.
Este jueves siguieron saliendo detalles sobre cómo el régimen venezolano ha aprovechado el supuesto atentado de la avenida Bolívar para reprimir a militares que se suman a los que se oponen al manejo particular del personal uniformado como parte del proyecto político de la cúpula gobernante.
Algunos militares como el coronel retirado Oswaldo Valentín García Palomo han revelado detalles internos de la situación del régimen y los militares.
Hay tantos militares detenidos que denuncian que en la cárcel de Ramo Verde, a donde el TSJ en el exilio quiere que vaya Maduro, hay hambre y trato inhumano.
Pero el supuesto atentado también ha servido para reprimir a civiles del chavismo como a Luis Enrique Martínez Rico, Coordinador de Seguridad y Defensa del PSUV en Mérida, cuya detención desató protestas dentro del chavismo.