El ex CEO de FTX dijo que no creía ser penalmente responsable por la debacle de su compañía.
Por Pete Romero
Sam Bankman-Fried, detenido por el escándalo de FTX, se declaró inocente de los ocho cargos de fraude y conspiración que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó contra él.
Si bien el ex CEO de FTX había sostenido públicamente -y en reiteradas oportunidades- que no creía ser penalmente responsable por la debacle de su compañía, se especulaba con un cambio de actitud ante las autoridades. Especialmente después de que Gary Wang y Caroline Ellison, dos de sus principales laderos, se declararan culpables y comenzaran a colaborar con las autoridades.
Durante el fin de semana también habían surgido rumores de que Sam Bankman-Fried optaría por sostener su inocencia. Pero expertos legales veían factible que aceptara la culpabilidad de, al menos, algunos de los cargos en su contra para tratar de negociar un castigo menos extremo.
Sin embargo, SBF ha decidido mantenerse firme en su discurso de inocencia. Desde que se produjo la debacle de FTX, el empresario sostuvo que en ningún momento quiso defraudar a clientes e inversores. Y aseguró que la caída de su imperio cripto se produjo por un mal manejo contable y la falta de medidas para gestionar el riesgo.
Independientemente de sus argumentos, el panorama judicial de Sam Bankman-Fried está más complicado que nunca. Máxime si se considera que sus antiguos laderos lo señalaron como el autor de las órdenes que derivaron en la quiebra de su exchange.
Desde el traspaso de fondos de FTX a Alameda Research sin el aval de sus clientes, hasta la manipulación del precio de FTT, el token nativo de la compañía, entre otras.
Se supo que es una práctica común entre los acusados declararse inocentes en primer término, para posteriormente asumir sus culpas. Quedará por verse si esto también aplica al caso de Sam Bankman-Fried, o si realmente cree tener los medios necesarios para salir libre de toda culpa.
El Departamento de Justicia estadounidense ha imputado a SBF con dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para lavar dinero. A estos se le suman las acusaciones de conspirar para cometer fraude de valores y de productos básicos; así como para defraudar a Estados Unidos y para violar las leyes de financiamiento electoral. Si se lo declara culpable, enfrenta hasta 115 años en prisión.