En una revelación impactante, un reportaje de El País expone cómo Luis Mariano Rodríguez Cabello, empresario y contador público de 58 años originario de Caracas, ha emergido como una pieza central en la trama que saqueó unos 2.000 millones de dólares de la principal firma estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Manejando un intricado sistema de 11 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), Rodríguez Cabello ayudó a mover 1.144,6 millones de dólares entre 2007 y 2015, según un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra al que El País ha tenido acceso. Se cree que Rodríguez Cabello es el testaferro de Diego Salazar, primo del exministro chavista de Energía y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez.
Rodríguez Cabello, a través de una cuenta a nombre de la sociedad Highland Assets Corp, movió 616 millones de dólares, incluyendo 121,3 millones de Sinohydro Corporation Ltd, una corporación de ingeniería china con presencia en 72 países que ganó la licitación de dos fases de la planta termoeléctrica La Cabrera en el estado venezolano de Aragua. Otras empresas chinas también contribuyeron a esta cuenta como parte del acuerdo de «Gran Volumen», un acuerdo de 20.000 millones de dólares sellado en 2010 entre Venezuela y China.
Estos fondos no solo ayudaron a engrandecer la fortuna de la red, sino que también fueron utilizados para financiar el lujoso estilo de vida de sus miembros. Según los documentos, Rodríguez Cabello usó uno de estos depósitos para pagar facturas por valor de 604.034 dólares del hotel Four Seasons George V de París entre 2009 y 2010.
Las conexiones de Rodríguez Cabello también incluyen a la compañía Surplus Sociedad de Corretaje de Reaseguros, que transfirió al supuesto prestanombre de la red que saqueó PDVSA 52,8 millones desde las Antillas Holandesas entre 2011 y 2012.
Estíbaliz Basoa, una venezolana originaria de España, y José Enrique Luongo, un ingeniero caraqueño, también estuvieron implicados en el enredo financiero de Rodríguez Cabello en la BPA. Están entre las 30 personas procesadas en Andorra, incluyendo a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y Petróleos del Gobierno de Hugo Chávez, y a Javier Alvarado, exdirector de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
El caso, que demuestra la urgente necesidad de fortalecer los controles financieros para prevenir el lavado de dinero, ha resultado en el procesamiento de varios exdirectivos y empleados de la BPA. La entidad financiera fue intervenida en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales.