La batalla legal del príncipe Harry por su seguridad en el Reino Unido concluye con un fallo judicial que respalda la decisión del gobierno.
En un desenlace que probablemente repercutirá más allá de los muros de Buckingham, el príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III, ha visto cómo sus esfuerzos por asegurar una escolta financiada por las arcas públicas durante sus visitas al Reino Unido llegaban a un callejón sin salida. El Alto Tribunal de Londres, en una decisión de 52 páginas del juez Peter Lane, ha sentenciado que la decisión del gobierno de valorar la seguridad de Harry caso por caso no era ni ilegal, ni irracional, ni injustificada.
Esta resolución judicial pone fin a una de las numerosas batallas legales que el duque de Sussex ha emprendido, no solo contra el gobierno británico sino también contra varios tabloides por la persecución mediática a la que ha estado sujeto. El príncipe Harry había alegado que tanto él como su familia se sentían en peligro durante sus estancias en el Reino Unido, culpando a la hostilidad en redes sociales y a la constante atención de los medios.
Sin embargo, el juez Lane ha argumentado que el «proceso a medida» implementado para evaluar la seguridad de Harry desde el 28 de febrero de 2020 es jurídicamente sólido, desestimando así las acusaciones de irracionalidad en la toma de decisiones por parte del equipo gubernamental encargado de evaluar las necesidades de seguridad del duque.
El gobierno, por su parte, defendió su postura argumentando que Harry ha recibido un trato justo y que aún goza de protección en ciertas visitas, citando como ejemplo una escolta que le acompañó en junio de 2021 tras ser perseguido por fotógrafos en un evento en Londres. Además, se destacó que en la decisión se consideró el impacto emocional nacional tras la «trágica muerte» de su madre, la princesa Diana.
Esta sentencia no solo cierra el capítulo sobre las demandas de seguridad de Harry en el Reino Unido sino que también marca un precedente en cómo los miembros de la realeza que deciden apartarse de sus deberes oficiales son tratados en términos de seguridad financiada por el estado.