CPI

La CPI refuerza su estructura judicial y continúa la investigación sobre Venezuela

Con nuevos jueces y una reorganización interna, la Corte Penal Internacional avanza en las investigaciones de crímenes de lesa humanidad, incluyendo los casos de Venezuela.

La Corte Penal Internacional (CPI) incorporó seis nuevos jueces y la reorganización de sus divisiones judiciales, incluyendo las investigaciones en curso sobre la situación en Venezuela. La CPI, con sede en La Haya, ha reasignado a los magistrados a las tres divisiones clave: la Sala de Apelaciones, la División de Primera Instancia y las Salas de Cuestiones Preliminares, según se detalla en su sitio web oficial.

Esta reestructuración permite una distribución más eficiente de las responsabilidades judiciales entre los magistrados, con la Sala de Apelaciones ahora compuesta por Tomoko Akane, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Solomy Balungi Bossa, Gocha Lordkipanidze y Erdenebalsuren Damdin, quienes tendrán la tarea de revisar las apelaciones contra decisiones de las otras salas.

La División de Primera Instancia, que se encarga de los juicios, estará integrada por jueces de renombre como Kimberly Prost, Joanna Korner y Miatta Maria Samba, entre otros. Mientras tanto, las Salas de Cuestiones Preliminares, que evalúan la admisibilidad de los casos y autorizan las investigaciones, contarán con magistrados como Rosario Salvatore Aitala y Reine Alapini-Gansou.

Entre las diversas situaciones bajo investigación por la CPI, destaca la inclusión de los casos de Venezuela I y II en la Sala de Cuestiones Preliminares I, lo que refleja la continuación del escrutinio sobre las presuntas violaciones de derechos humanos en el país sudamericano. La CPI ha tomado la decisión significativa de desestimar por unanimidad los argumentos presentados por el gobierno de Nicolás Maduro contra la reanudación de la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, autorizando al fiscal Karim Khan a proseguir con las pesquisas.

Este movimiento marca un hito en los esfuerzos por hacer justicia y abordar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela.