La Plataforma en Defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conformada en su mayoría por ex altos funcionarios del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, anunció su adhesión al recurso de nulidad del proceso Constituyente, introducido por la Fiscal General de la República el jueves 8 de junio ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El grupo indicó mediante un comunicado que se unió a la acción de Luisa Ortega Díaz «para que se dejen sin efecto todos los actos ilegítimos, sin fundamento legal y constitucional, y ostensiblemente arbitrarios, que pretenden la realización de una Asamblea Nacional Constituyente espuria, y sin ningún apoyo popular».
Exoficialistas como Ana Elisa Osorio, Clíver Alcalá Cordones, Héctor Navarro, Freddy Gutierrez Trejo, Gustavo Márquez, Juan García Viloria, Santiago Arconada, Edgardo Lander, Esteban Emilio Mosonyi, Oly Millán Campos, Carlos Carcione, Ramón Rosales Linares y Gonzalo Gómez indicaron que reafirman su «subordinación al espíritu, propósito y razón que le dieron base a la Constitución vigente y, de igual modo, subrayamos nuestro más decidido apego, a las normas que ella contiene».
Sostuvieron que la Constitución de 1999 tiene plena vigencia, tanto en el orden jurídico como político y que sus normas pueden y deben ser revisadas a través de enmiendas o reformas, pero que «resulta un absurdo inaceptable animar una Asamblea Constituyente que procure derogarla e implantar un nuevo pacto social».
Enfatizaron que la iniciativa del presidente de la República no tiene ningún fundamento en los hechos ni en el derecho. «Por el contrario, se trataría en este caso de una descarada desnaturalización de la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, al convertirla en arma circunstancial de estrategia o táctica política de un grupo, irrespetando su carácter histórico fundamental», agregaron en el texto.
Resaltaron también que «las tragedias personales y sociales que viven los ciudadanos de esta tierra, en cuanto a alimentación, salud, seguridad personal y social, y otras situaciones, no se resuelven con un debate constituyente. Son medidas de otra naturaleza las que hacen falta para encarar los problemas del país y su gente».