La cuestión del abandono del cargo que se discute en el ambiente político, no es un asunto meramente jurídico. Primero, porque la legalidad no es el fuerte de este gobierno que la invoca cuando le conviene pero no le hace caso en su desempeño cotidiano y es, por lo menos, irónica su insistencia en esgrimirla en su defensa. Segundo, porque es obvio que de hecho, el Presidente está en Miraflores, recibe honores protocolares, decreta, nombra funcionarios y, al menos formalmente, comanda la Fuerza Armada. Pero ocupar un cargo no es lo mismo que ocuparse de los deberes del cargo.
¿Para qué existe el poder político? Esa es la pregunta esencial. Responderla nos dará la clave para despejar la ecuación planteada. Se trata de una cuestión de la mayor significación posible. Esto es, relacionada con la finalidad de la política y el gobierno, que es la procura del bien común. Esa tarea los gobernantes pueden cumplirla bien, regular o mal. O no cumplirla en absoluto por ocuparse de otra cosa, como evidentemente es el caso.
El artículo 216 constitucional habla de las “atribuciones y deberes” del Presidente de la República. Y empieza por “Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley” y “Dirigir la acción del gobierno”, dos ámbitos en los cuales se nota clamorosamente lo contrario. La Constitución no se está cumpliendo, se está violando, y el que ello ocurra con la complicidad de otros órganos del Estado agrava el problema, en vez de mitigarlo.
Y en cuanto a la “acción del gobierno”, ¿A dónde debe dirigirse? Pues se entiende que a evitar o resolver aquellos problemas que más afectan al pueblo y cuya situación perjudica más su bienestar. Tenemos, de lejos, la inflación más alta del mundo. Los precios suben indeteniblemente a causa de las acciones y omisiones gubernamentales. Escasean rubros esenciales para la vida como alimentos, medicinas, repuestos, materiales de construcción, insumos de todo tipo. Nos hemos convertido en uno de los países más peligrosos del mundo, con cien mil muertos violentos desde que el Presidente ocupa el puesto. Y, ante ese cuadro caótico, la actitud oficial es negarlo, echar la culpa a los demás y, en vez de enfrentarlo, dejarlo así o tomar medidas que lo empeoran.
Solo se ocupa de mantener el cargo, pero los deberes de éste para con los venezolanos los ha abandonado.