Nuestros juristas del horror emboscados en el TSJ se basan para decidir en el interés de la “justicia bolivariana”. Así decidieron coartar las potestades de la Asamblea Nacional, disolverla en la práctica, poner presos a sus diputados y someterlos a la justicia militar.
Siempre le hemos recomendado a los gobernantes de turno que no imiten a los regímenes totalitarios y fascistas o comunistas, que no cierren los caminos y vías democráticas, porque nunca se sabe cómo reaccionará el pueblo cuando le conculcan el ejercicio de su soberanía.
Betancourt, con claridad de estadista, nos recordaba: “La lección de Hitler y Mussolini será perdurable, se enriqueció con la muerte de Hirohito, de Francisco Franco y seguirá enriqueciéndose cuando los otros ´hombres providenciales´ que aún subsistan, todos temblorosos, sobre el escenario universal afronten también el pelotón de fusilamiento o la muerte por mano propia. En lo sucesivo, los aspirantes a déspotas, quienes consideran el látigo como instrumento para gobernar a los pueblos, quienes han venido preconizando la quiebra definitiva de las formas democráticas de gobierno, vacilarán antes de lanzarse a la aventura dictatorial porque ya saben que los pueblos están resueltos a hacerse justicia”.
Cuando el Estado se pone por encima del Derecho -anulando inmunidades e imponiendo jueces militares a civiles- el pueblo tiene el sagrado derecho a rebelarse. Por ello defender el derecho del sufragio, en época de crisis, es la única salida a un conflicto irresoluto. Obstruir la espita de esta olla en ebullición es peligroso. Lo sabía Llovera Páez cuando le recomendó al penúltimo dictador: “Marcos, vámonos porque pescuezo no retoña”.
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