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Venezuela

Asesinatos institucionalizados

El miércoles 24 de mayo la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se expresó con gran claridad: “Disparar bombas lacrimógenas a las personas, directo al cuerpo, está prohibido. Es letal”. Y resaltó que está prohibido, por las leyes venezolanas e internacionales.

Sus palabras las pronunció ese día durante una rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación del país, en la que advirtió que las bombas lacrimógenas tienen una inscripción especial en un costado que señala que son de alta peligrosidad si se disparan en dirección a una persona.

La fiscal apuntó que hasta esa fecha “más de la mitad de las personas han sido lesionadas por el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado”. Y recordó que hay que evitar la fuerza si la gente no está ejerciendo violencia y los funcionarios deben contar con el adecuado entrenamiento, equipamiento y tener el debido descanso.

Tan solo una semana después de aquella rueda de prensa quedó en evidencia que las advertencias y acciones de la fiscal Ortega Díaz son ignoradas por los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La manifestación del miércoles 31 de mayo, que tenía puntos de concentración tanto en el oeste como en el Este de la ciudad y como destino la Cancillería en plena Plaza Bolívar, es un claro ejemplo de que a la GNB no le importa lo que dice la fiscal y que lejos de actuar conforme a las leyes nacionales e internacionales, los funcionarios acentuarán su pauta represiva sin que parezcan tener un límite.

Plan Zamora

Los parlamentarios de la oposición están claros que lo anterior no es obra de la casualidad. Son varios los que coinciden en señalar que esa manera de proceder obedece a la implementación por parte de Maduro de la fase 2 del Plan Zamora, el cual sostienen, que no está hecho en Venezuela sino en Cuba.

Cabe resaltar también lo expresado por Lexys Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz. En entrevista al diario El Nacional, denunció que el gobierno ha movido a los cuerpos de seguridad bajo el principio de “enemigo interno”. “Venden a militares y policías la idea de que la oposición no es pacífica y su protesta no es por elecciones ni por democracia. Catalogan a los manifestantes de terroristas y enemigos. Eso es muy grave porque bajo esa lógica, la GNB y demás cuerpos de seguridad están combatiendo a un enemigo y no a civiles desarmados que exigen un derecho”, precisa.

Visto en ese contexto no hay que esperar que disminuya la represión, sino todo lo contrario, que se profundice como se ha podido comprobar. Los efectivos de la GNB apuntan sus bombas lacrimógenas al cuerpo y disparan perdigones y metras, lo cual dan fe los médicos que han atendido a los manifestantes heridos.

Lo más grave en todo este asunto fue la denuncia que presentó en la fiscalía la Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en la que afirman que la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) fabricó cartuchos de perdigones con metras.

La base de su señalamiento es un cartucho obtenido por Funpaz, en el que se observa un perdigón de plástico arriba, otro abajo y una metra en el centro.

“Este tipo de munición alterada lo prohíbe la Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones y establece pena de prisión”, indican. Resaltan igualmente que estos proyectiles han causado la muerte de jóvenes manifestantes. “Aquí se caen las mentiras del gobierno. Pretenden negar que se ha producido muerte por el uso de este tipo de municiones alteradas por parte de la fuerza pública”.

De ser comprobada la denuncia, se entiende la razón por la cual los efectivos de la GNB apuntan al cuerpo de los manifestantes, pues el armamento que les entregan es para ese fin.

Periodistas bajo ataque

En la marcha del día miércoles más de 10 efectivos de la GNB le quitaron una cámara y un bolso al reportero gráfico, Francisco Bruzco, mientras cubría la represión en la autopista Francisco Fajardo a la altura de La Carlota. Después del asalto, entre ellos se pelearon por el equipo robado, como señaló Crónica Uno, medio para el cual trabaja el fotoperiodista.

Bruzco y otros cinco reporteros gráficos más, capturaban el enfrentamiento que sostenían los manifestantes con los uniformados que se encontraban dentro de base de La Carlota: “Los Guardias que estaban adentro les decían a los motorizados: ‘ellos eran los que nos estaban grabando’. Se me acercaron y me jalaron por el chaleco antibalas, quizá con la intención de llevarme. Yo me resistí, me eché para atrás, llegaron los demás y me rodearon”, contó Bruzco, como indica Crónica Uno.

“¡Dame la cámara!”, le gritaban los uniformados, mientras lo cercaban e insultaban. Pero como él se negó y se amarró con fuerza los dos equipos en los brazos, comenzaron a golpearlo. Le dieron en el casco y en la cara cubierta por la máscara antigases, que le reventaron durante la golpiza.

La criminal acción contra Bruzco también quedó plasmada en las redes sociales, por lo que amerita una investigación y castigo a estos delincuentes de uniforme.

El caso de Bruzco no es un hecho aislado. La cifra está cercana a las 200 agresiones si tomamos en cuenta que el 28 de mayo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que al menos 188 trabajadores de medios de comunicación habían sido agredidos durante los 57 días de protestas que habían transcurrido en Venezuela hasta esa fecha.

Marco Ruiz, secretario general del SNTP, indicó que 110 de estas agresiones fueron cometidas por los organismos de seguridad del Estado, en su mayoría por la Guardia Nacional Bolivariana.

Twitter: @Alconde

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