Las sanciones contra Nicolás Maduro, presidente de la República, y Simón Zerpa, gerente de Finanzas de Pdvsa, son claves, porque el gobierno de Trump se adelanta a las pretensiones de que el oficialismo, con una constituyente, asuma el rol de la AN y avale créditos internacionales que ningún ente se atrevía a firmar sin el aval de un parlamento. Ahora, también la ANC no es reconocida en el mundo, lo que no le permitirá al gobierno acceso al crédito extranjero.
Uno de los principales propósitos de crear la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), como ya se ha adelantado en ediciones anteriores de Zeta en este mismo espacio, es el de lograr la legitimidad necesaria, para que estando como supra poder por encima de la Asamblea Nacional (AN), esa nueva instancia lograra avalar la emisión de nuevos bonos de deuda de Pdvsa y de la República, así como de refinanciar o reestructurar deuda que está venciendo y para lo cual no tienen dinero y honrar los compromisos, dado que las reservas internacionales siguen ahora por debajo de 10 mil millones de dólares. La grave situación económica que tiene el gobierno y fue descrita aquí en reiteradas ocasiones, los ha llevado a realizar la elección de la ANC, de manera ilegal, sin realizar el referendo consultivo para determinar si la población aprobaba o no, realizar cambios en la Constitución, según lo planteado por juristas nacionales e instancias internacionales.
Ante el asombro de los venezolanos y del mundo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) en una jornada marcada por una brutal represión con saldo de unos 16 fallecidos, cientos de detenidos y decenas de heridos, además de una alta abstención según los reportes de la prensa que verificó la escasez de votantes en centros electorales y está estimada en un 88% de abstención, así como las dificultades creadas por manifestantes en al menos seis estados, donde hubo trancas de vías, asalto a centros electorales con el incendio y destrucción de más de 100 máquinas, el ente electoral anunció que había más de ocho millones de votos en la polémica elección.
La reacción internacional no se dejó esperar, tanto la Unión Europea, como Estados Unidos, aparte de condenar la represión, señalaron que no reconocen la legitimidad de la ANC, y eso mismo anunciaron más de una decena de países de la región.
En Zeta del 14/07/2017 se adelantaba: “Con la ANC, se busca una nueva instancia que asuma de inmediato los poderes legislativos de la AN, con el mero fin de que aquella se atribuya de la “legitimidad” que lograría con nuevas elecciones, incluso sin importar que se proyecta una abstención histórica entre 80% y 90%. Obtener tal “legitimidad”, en los cálculos del sector oficialista que promueve la ANC, es que al tener los suprapoderes y eliminar a la AN, asumirían automáticamente el poder que la AN tiene de aprobar o no todos los negocios, créditos internacionales, que el Ejecutivo busca desesperadamente. Es que la legitimidad de origen de la AN, sólo permite, según la Constitución, que el cuerpo colegiado mantenga desde el extranjero respaldo internacional en ese sentido, obligando a bancos internacionales, inversores extranjeros, países y entes multilaterales, mantenerse alejados lo más posible para financiar la administración Maduro fuera del orden legal, es decir, sin contar con el aval de la República, representado en el poder legítimo que tiene el actual Parlamento venezolano.”
Esa instancia “constituyente” con que el oficialismo intenta sortear la legitimada de la AN que tanta falta le hace, en la práctica ha nacido muerta. Ninguna de sus decisiones será reconocida por la comunidad internacional, y esto tiene efectos determinantes en el desenvolvimiento económico del país. Más aun ahora, cuando el gobierno de EEUU, que realizó advertencias previas al oficialismo de aplicar sanciones en caso de que se concretara la ANC, comenzó a dar los pasos planteados en ese sentido, luego que el pasado lunes, el Departamento del Tesoro, anunciara sanciones contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, al colocarlo también en la lista OFAC (la de los sancionados por el Departamento del Tesoro).
Represión en vano
Entre los sancionados están dos “fichas” claves. Una de ellas es Simón Zerpa, el encargado de las finanzas de Pdvsa y la otra, es el propio Nicolás Maduro, jefe de la administración pública. Ambos sancionados no podrán de ninguna manera, firmar contratos, ni establecer acuerdos para emisión de deuda o para refinanciar y reestructurar deuda en caso de que la ANC, asumiendo las atribuciones de la AN, proceda a “autorizar” tales procedimientos. Primero la estructura que se instala, no es reconocida y carece de legitimidad, segundo, los funcionarios sancionados, no podrían realizar ningún tipo de negocios a nombre de la República con bancos extranjeros, países o entes multilaterales, para conseguir dinero vía endeudamiento. Por lo tanto, el esfuerzo que han hecho, todas las violaciones en el orden constitucional, los presos políticos, la cantidad de muertos con la represión, a estas alturas, son efectos de acciones que en vano han llevado adelante quienes se han radicalizado en el gobierno, para evitar perder el poder.
Por el lado de la Mesa de la Unidad (MUD), ha sido hasta ahora una constante su postura de no avalar o apoyar las solicitudes de respaldo que el Ejecutivo discretamente ha hecho al Parlamento, pidiendo que se aprueben nuevas emisiones de deuda o se avale el refinanciamiento de bonos por vencer. Esta situación ha complicado las finanzas del gobierno, ya que las instancias extranjeras a las que han acudido, incluyendo la relación con China, han señalado que si no hay aval del Poder Legislativo, no se puede proceder con nuevos financiamientos. Ello ha tenido consecuencias en la crisis económica que la administración Maduro no ha podido resolver, debido a que hay compromisos de deuda con bancos internacionales, se mantiene a las islas del Caribe con el programa Petrocaribe que genera pérdidas a Venezuela, se mantiene el acuerdo Cuba-Venezuela que requiere al menos 7 mil millones de dólares al año por concepto de los médicos cubanos. Además de los 50 mil barriles diarios de petróleo que se envían a Cuba, el gobierno debe mantener la gestión pública interna que requiere de unos 12 mil millones de dólares en el año, y al no haber suficientes ingresos, Maduro ha tenido que devaluar en 2017 de una manera muy fuerte, llevando el dólar de 727 bolívares a 2.870 bolívares en las tasas oficiales, además de tener a los venezolanos bloqueados en el acceso de divisas desde hace más de diez años, con controles de precios y con deuda comercial con empresas extranjeras proveedores de alimentos y medicinas.
El hambre avanzará más
A través de las redes sociales, se hizo viral una imagen del precio de un kilogramo de arroz importado, en una importante cadena de automercados de Caracas: el monto asombró, puesto que la imagen rodó el lunes, luego del resultado electoral de la ANC y el precio es de 17.500 bolívares.
Ese avance de los precios se hará más acelerado, la administración Maduro, ahora que ha perdido una nueva batalla para lograr acceder a los mercados internacionales, seguirá imprimiendo dinero local, hasta que el recurso termine de colapsar totalmente. En ese trayecto, con un dólar que según Dolar Today, el pasado lunes se ubicaba en 11.200 bolívares y que se estima seguirá escalando por la profunda desconfianza en las nuevas acciones del oficialismo, está produciendo un alza desmedida en el precio de los alimentos, que no resistirán ya los hogares venezolanos. Esto hará imposible al Ejecutivo mantener el reparto de las bolsas CLAP, que ya están desaparecidas del interior de los estados y se mantiene sólo en capitales estratégicas. El hambre se hará sentir, más que hoy día.