Gobierno tiene casos emblemáticos. Instancias internacionales se mueven contra corrupción en Venezuela.
La detención y enjuiciamiento de varios gerentes y asociados de la industria petrolera acusados de hechos de corrupción despiertan una esperanza para los venezolanos que desean un país donde las leyes, sin privilegios para nadie, marquen la senda del comportamiento de todos, para bien de todos, sin exclusiones.
Sin embargo, hay dudas sobre el verdadero alcance y las motivaciones de las medidas anunciadas por el Fiscal General designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tareck William Saab, pero la mayoría ruega para que esa batalla llegue hasta el fondo del asunto.
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En los últimos cuatro años, varios disidentes del proyecto político iniciado por el desaparecido Hugo Chávez en 1999 han alertado sobre el errado modelo económico impuesto por los que promueven una supuesta igualdad de todos los venezolanos en el reparto de las riquezas naturales de Venezuela.
Varios expertos vienen alertando que el prolongado control de divisas o control de cambio ha dado pie a la creciente corrupción en beneficio de un pequeño grupo de privilegiados con acceso a un dólar por 10 bolívares, mientras que el resto tiene que superar diversos filtros para tener acceso a un dólar con costo cercano a los 4 mil bolívares y otros deben pagar lo que importan a un dólar por encima de los 20 mil bolívares.
El empeño del Gobierno en no corregir ese error convierte al control de cambio en parte importante de la corrupción y de la elevada inflación, causas visibles de la escasez de comida, medicinas y hasta productos básicos para el aseo personal de la gran mayoría de venezolanos. Nada puede justificar que exista un dólar a 10 bolívares, como reiteran diversas voces, y otro a más de 20.000.
Los voceros del Gobierno no pueden seguir mintiendo sobre las razones de la crisis económica en Venezuela. Si quieren acabar con la corrupción no pueden atacar solamente los efectos, deben atacar también las causas de la misma. El problema comienza con el prolongado control de cambio, el control de divisas, no importa que sean dólares americanos, rupias indias, rublos rusos, yuanes chinos, yenes japoneses, euros o libras esterlinas. La culpa no es del signo monetario, sino del control del mismo por un pequeño grupo que termina acaparando todo, como han dicho los propios chavistas despreciados por la actual cúpula gobernante.
Se puede, incluso, decir que el control de cambio dividió a los chavistas. Los que se atrevieron a criticar a esa cúpula tenían y tienen razón. Prueba de ello es que este año, Venezuela volvió a quedar en el último puesto mundial en el Índice de Libertad Económica 2017 que mide la situación de 159 países. El punto más grave de evaluación lo representó el indicador de moneda sana, en el cual el país fue reprobado debido a la incontrolable devaluación del bolívar.
Como consecuencia del control de cambio, productor de inflación y corrupción, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que durante el gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela es el país con el mayor aumento de desnutridos en todo el continente al pasar de 2,8 millones de personas en 2015 a 4,1 millones en 2017, lo que significa 13% de su población.
El Fondo Monetario Internacional (FM), a su vez, prevé que en 2018 la inflación en Venezuela será de 2.349,3%.
Las anteriores cifras deberían conmover a cualquier gobernante sensato, pero parece que la batalla iniciada contra la corrupción responde a presiones de socios que no quieren invertir sin garantías de ganancias, así se trate de dictadores como Recep Erdogan de Turquía y Aleksandr Lukashenko de Bielorrusia, o autoritarios como Vladimir Putin, presidente de Rusia, a los que el presidente venezolano acaba de visitar.
Casos emblemáticos
La lucha contra la corrupción tropieza con algunos obstáculos que el Gobierno debe superar si quiere convencer a sus nuevos socios y protectores que lo que inviertan en Venezuela disfrutará de la seguridad jurídica que no tuvieron empresas petroleras que han denunciado al gobierno venezolano ante instancias internacionales, además de haciendas y empresas medianas que fueron expropiadas y quebradas.
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La lucha contra la corrupción tiene que mostrar voluntad de sancionar a quien sea aunque tenga vínculos con personajes claves de la llamada revolución bolivariana.
La detención de Manuel Vicente Sosa Morales, artista de televisión conocido como el «Coco» Sosa, es una oportunidad para que el Gobierno demuestre que la lucha contra la corrupción es en serio y que ese caso no busca solamente exhibir a alguien conocido para que sirva de distracción.
Casi todos los venezolanos y mucha gente de América saben que ese artista estuvo ligado a María Gabriela, hija del desaparecido Hugo Chávez y que fue esa relación lo que le permitió acceder a esos negocios ilícitos.
El pasado miércoles, el Fiscal General designado por la cuestionada Asamblea Constituyente, Tareck William Saab, informó que el «Coco» Sosa fue imputado y presentado a tribunales el martes por los delitos de «peculado doloso propio con cierto funcionario con contratista» y asociación para delinquir.
Saab explicó que Sosa está vinculado con la empresa Suministros Gramal que prestaba servicios a Petropiar y era investigado por la adquisición de dos impresoras para el mejorador de Petropiar con un sobreprecio y sobrefacturación de 391.111 dólares cuando el precio original de esos productos era de 3.500 dólares.
El Fiscal designado también dijo que en la trama Petropiar-Suministros Gramal también estaría vinculado Francisco Javier Velásquez, quien ejercía como gerente del mejorador de Petropiar, en Pdvsa, y que con esa empresa se firmaron al menos 10 contratos por 27.8 millones de dólares. Por esa trama hay 11 órdenes de detención.
La lucha contra la corrupción no puede dejar de lado que un medio hermano del «Coco» Sosa también ligado a la hija del desaparecido Hugo Chávez aprovechó esa conexión para despojar a sus dueños originales del proyecto de una naviera que la gobernadora de Falcón anunció que sería inaugurada en noviembre de 2016 con un ferry comprado en Europa con dólares preferenciales entregados al abogado Roberto Leiba, el medio hermano del «Coco», gracias a sus nexos con la descendiente del llamado «Comandante eterno». El ferry fue presentado en esa oportunidad, pero ya no está en aguas de Falcón.
Los propietarios del proyecto incautado denunciaron el caso ante el Ministerio Público y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Esta semana hablaron con el nuevo fiscal que lleva el caso y pronto anunciarán cómo va la investigación sobre ese hecho de corrupción.
Instancias internacionales
Para este viernes 13 está prevista la instalación de lo que será el Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela con los magistrados designados por la legítima Asamblea Nacional y ahora en el exilio ante la persecución del gobierno de Nicolás Maduro.
El evento será en el Salón de las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, EEUU.
Con ese motivo, cinco de esos magistrados que estaban asilados en la residencia del embajador de Chile en Caracas salieron el lunes, vía Colombia, hacia EEUU. Son ellos: Elenis Rodríguez, Luis Marcano, José Nuñez, Beatriz Ruiz y Zuleima González. Se dijo que la primera decisión será declarar ilegal todo lo que ha hecho el TSJ en Caracas y la Constituyente para luego ocuparse de la corrupción del gobierno venezolano.
Por todo eso y algo más, Financial Times dijo el fin de semana pasado que Cuba admite que Venezuela se ha convertido en un problema y es casi seguro que prefiera negociar la permanencia de Nicolás Maduro en el poder antes de que sus propios intereses se compliquen.