Mucha agua ha corrido en tan solo dos semanas desde la consulta del 01 de octubre sobre la independencia catalana. La semana siguiente comenzó con tropiezos: un lunes de incertidumbre mientras se contaban (no se sabe quién) los votos (no se sabe cuántos) de la elección (no se sabe cómo) de una independencia (no se sabe cuándo) ilegal (eso sí que se sabe bien). Los días siguientes fueron iguales: incertidumbre en la población, negociaciones políticas, presión de los independentistas y del Gobierno Central para insistir unos y para dejarlo otros, en el camino de declarar la “República de Cataluña”.
Y a pesar de que la Ley improvisada de Puigdemont, la misma que se sacó de bajo la manga para poder celebrar su referéndum ilegal, decía que si obtenían más de dos millones de votos (y dicen que los obtuvieron), a las 48 horas de ese 01 de octubre debían declarar la Independencia de Cataluña, eso tampoco ocurrió. No pasaron dos días, sino nueve, hasta que el presidente catalán compareció ante el Parlamento autonómico para tampoco declarar la independencia. “Asumo el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”. Justo después añadió: “Propongo que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos el diálogo”. Y dejó a la gente con el aire en la boca (no sabemos si para gritar de alegría o de rabia).
Pero durante esos nueve días pasaron más cosas: La Fiscalía imputó a tres personas por el delito de sedición, el cual castiga con hasta 15 años de prisión a los delincuentes, es decir, a quienes “se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes”. Estas tres personas son: el mayor de los Mossos d´Esquadra (la policía local catalana), Josep Lluís Trapero; el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (una organización creada con el único fin de declarar el Estado Catalán), Jordi Sánchez y el presidente de Òmnium Cultural (la asociación creada en los años ´60 para promover la cultura catalana), Jordi Cuixart.
Las acusaciones son: los dos jefes de las asociaciones, por agitar a las masas el día 20 de septiembre, cuando la Guardia Civil (fuerza de seguridad del Estado español) lideró un operativo en diferentes sedes de la Generalitat (sede del Gobierno Catalán) con el objetivo de frenar el referéndum convocado por los independentistas, calificado de ilegal por el Tribunal Constitucional; y Trapero, por no cumplir el mandato del Tribunal Constitucional de impedir la consulta. De hecho, se le acusa no solo de no actuar, sino de contribuir a que esa consulta llegara a buen fin y hasta de proteger al Gobierno catalán de investigaciones. Finalmente, la Audiencia Nacional ha dictado prisión preventiva y sin fianza para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, mientras que Trapero ha quedado en libertad con medidas cautelares. Pero no. No son presos políticos, como apunta Pablo Iglesias. Son delincuentes que han incumplido la ley y la Constitución española con delitos que están tipificados, así que déjense de historias los mártires de oficio.
Por otro lado, luego de la declaración ambigua que diera Puigdemont el 10 de octubre, el Gobierno central ha emplazado al Presidente catalán a que definiera su respuesta, es decir: le dio plazo hasta el día lunes 16 para que respondiera de manera clara si había declarado o no la independencia, pues de esa respuesta dependería la actuación gubernamental que, básicamente, se trataba de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, el cual es bastante amplio, pues solo habla de “tomar las medidas necesarias” para retomar el Estado de Derecho en una Comunidad Autónoma que se salga de las reglas y en este sentido, contempla los mecanismos excepcionales que tiene el Estado para obligar a la región al “cumplimiento forsozo” de sus deberes”. ¿En criollo? No está detallado, no está escrito qué se puede o debe hacer, el artículo está sujeto a la interpretación según contexto y como tal, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, junto a los líderes de los partidos constitucionalistas, Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Ciudadanos), definirían los términos de aplicación de este artículo y según fuentes del Gobierno, la activación del artículo 155 tendría como objetivo la creación de un «escenario electoral» dentro de la legalidad, es decir, elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña.
Ante la ilegalidad continuada de la Generalitat, la fuerza de la Ley del Gobierno
Pero ya pasó el día 16 y Puigdemont volvió a ser ambiguo, así que entró en el último plazo, que fue hasta este jueves 19 de octubre, cuando la respuesta del presidente catalán fue, quizá, un poco más concreta, en otras palabras, se ha enrocado. ”Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión», el Parlament «podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10». Con ello, Puigdemont reconoce que la semana pasada no ha declarado la independencia, pero insiste en la idea de continuar adelante con su plan secesionista y esta respuesta, lejos de abrir una puerta al diálogo, activa completamente la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, cuyas medidas de implementación se aprobarán en un Consejo de Ministros extraordinario que se reúne este sábado para aprobar «las medidas que elevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma”. El trámite en la Cámara Alta española, podría tardar una semana, hasta que se produzca una votación de las medidas sugeridas por el Ejecutivo, que necesitan mayoría absoluta para poder avanzar. Pero eso no es peligro, pues el Partido Popular de Mariano Rajoy ya tiene esa mayoría y además, contará con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos.
En definitiva, todo a punta a que, contrario a lo que diría el escritor francés Jean Giraudoux, “la guerra de Troya sí tendrá lugar”.