Las acciones internacionales contra Venezuela tienen como objetivo debilitar el Estado y paralizar la actividad económica, sobre todo la petrolera.
Para el gran público, la intervención de los países del bloque occidental en relación a Venezuela se le presenta vinculada a temas como los problemas económicos o los derechos humanos. Sin embargo, en los círculos de los centros mundiales de las finanzas o de la política se sabe que esos problemas existen, pero la atención de las grandes corporaciones y de quienes deciden en las instancias de poder están puestas en otros asuntos: el peso petrolero de Venezuela en el escenario mundial, su desplazamiento geopolítico fuera de su órbita tradicional y hasta su mensaje político, considerado anacrónico, que pudiera reanimar banderas sociales, pues nunca se sabe por dónde salta la liebre.
Se trata pues de un asunto de poder y por eso va a Naciones Unidas el caso, ya que la separación de un satélite de su centro de gravedad puede causar una reacción de fuerza para obligarlo a volver a su cauce, objetivo que hasta ahora no ha sido posible alcanzar por medio de las acciones realizadas. El Consejo de Seguridad es un paso previo en el que se van calentado los motores, se tejen alianzas y muchas veces se consiguen concesiones de sus miembros por medio del intercambio de piezas.
Las sanciones y los bloqueos son considerados, por los efectos destructivos que pueden tener sobre la economía de un país y el padecimiento al que pueden llevar a la población, como equivalentes a los efectos concretos de acciones de guerra, como bombardeos sobre zonas industriales o militares. Un bloqueo comercial o financiero puede ser tan destructivo de un parque industrial o de inventarios, como lo puede ser un ataque aéreo. Y los equipos militares de un país pueden ser neutralizados con una prohibición de suministros que equivaldría al lanzamiento de misiles sobre una zona militar.
Estas acciones son tomadas con los mismos fines de la guerra: obligar a otros Estados a plegarse a las exigencias políticas que otros Estados hacen. Ya eso está en curso y ahora se va a incorporar al bloqueo de la otra parte del mundo occidental, la Unión Europea, que según se ha anunciado apuntará hacia el sistema de defensa militar de Venezuela, lo que significa ponerla en desventaja frente a Colombia, país vecino con problemas fronterizos. De modo que la decisión de la UE tendría su equivalente práctico, por sus efectos, a una acción sobre el parque defensivo del país.
En su conjunto, las acciones sobre Venezuela están destinadas a debilitar el Estado, paralizar la actividad económica, en particular la producción petrolera, impedir el ingreso de divisas y crear problemas en el suministro de alimentos en un grado geométricamente superior a las penurias causadas por los errores macroeconómicos del Gobierno. De allí se generaría el colapso y el caos social que podría disparar una intervención militar abierta. Para ese momento, el papel del Consejo de Seguridad sería validar esa acción. De este modo, el satélite regresaría al redil. Sin embargo, las cosas no siempre salen como se piensan.