En Cataluña, una huelga general, prisión preventiva con fianza para la Presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell y orden de de detención europea para Puigdemont. Esas han sido las novedades del caso en la última semana.
Luego de que la semana pasada la magistrada de la Audiencia Nacional, atendiendo la petición de la Fiscalía, decretara prisión incondicional para todos los representantes del gobierno catalán que acudieron a declarar -incluido el ex-vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, mano derecha de Puigdemont-, esta semana se han enfrentado al Tribunal Supremo los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, quienes han acatado la ley y por ello, ha sido ordenado su ingreso en prisión preventiva, pero con posibilidad de pagar fianza, cosa que ya ha hecho la presidenta del Parlamento, Carne Forcadell, a pesar de que la Fiscalía había solicitado prisión incondicional al entender que había riesgo de fuga y de reiteración delictiva.
Según recoge el auto, todos los querellados, “no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional”. Durante sus declaraciones previas, Forcadell, Corominas, Guinó y Simó habían acatado la aplicación del artículo 155 en Catalunya y habían dicho que la declaración de independencia solo tenía valor simbólico.
En cuanto a Forcadell, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena le atribuye «una actuación principal» en el proceso independentista, tanto «por su intervención medular» en él como «por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido”. Esta mañana, Forcadell ha pagado la fianza de 150.000€ y ha podido abandonar la cárcel donde pasó la noche, quedando en libertad con medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias semanales.
Los ciudadanos independentistas pagan las fianzas
Los exmiembros de la Mesa del Parlament, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet abandonan el Tribunal Supremo por su propio pie tras quedar en libertad con fianza de 25.000€. Por su parte, el exsecretario tercero de la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet, que votó en contra de la independencia, ha quedado en libertad sin medidas cautelares.
Los 150.000€ de fianza que pagó Forcadell la mañana de este viernes, fueron aportados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una organización creada en 2012 para defender la independencia de Cataluña y cuyo presidente fue enviado a prisión el pasado 16 de octubre. La misma organización ha declarado que recaudará la fianza del resto de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán a través de aportaciones voluntarias de los ciudadanos.
La totalidad de la fianza de Forcadell se ha abonado con dinero de la ‘caja de solidaridad’ que ANC, junto con Òmnium -la organización cultural pro independencia, cuyo presidente también está encarcelado desde el pasado 16 de octubre-, puso en marcha para afrontar las fianzas y multas impuestas contra cargos soberanistas.
Esta caja de solidaridad empezó a funcionar a principios de año cuando se sucedieron varios procesos judiciales contra cargos soberanistas: desde los relacionados con la consulta del 9 de noviembre de 2014, hasta los vinculados con el Govern cesado y la Mesa del Parlament.
Puigdemont continúa en Bruselas
El expresidente catalán continúa considerándose como el presidente de la recién proclamada «República de Cataluña” y asegura que no está tratando de evadir la «verdadera justicia”. De hecho, aseguró en una entrevista televisiva belga que cooperaría con las autoridades judiciales belgas. También dijo que estaba listo para competir en elecciones regionales en Cataluña el próximo mes.
Bélgica tiene un máximo de 60 días para devolver a los sospechosos a España después del arresto. Pero si los sospechosos no plantean objeciones legales, una transferencia podría suceder mucho antes. Un país puede rechazar una orden de arresto de la UE si teme que la extradición viole los derechos humanos del sospechoso. La discriminación basada en la política, la religión o la raza es motivo de rechazo. También lo son los temores de que el sospechoso no tenga un juicio justo.
Existe una lista acordada de la UE de 32 delitos, en el Artículo 2 de la ley, para la cual no existe un requisito para que la ofensa sea un crimen en ambos países. En otras palabras, cualquiera de esos delitos puede ser una justificación para la extradición, siempre que la pena sea de al menos tres años de cárcel. Sin embargo, ni la «sedición» ni la «rebelión», dos de las acusaciones españolas contra los líderes catalanes, están en esa lista.
Huelga General en Cataluña
Bajo el lema “Libertad para los presos políticos”, el miércoles 8 de noviembre, los ciudadanos catalanes independentistas han cortado varias calles, avenidas y hasta vías del tren, con muros humanos en protesta por los encarcelamientos de los miembros del exGobierno que ha sido encarcelados. En total han sido 35 vías cortadas por manifestantes, dos por obstáculos en la vía y diez sufren considerables retenciones en la marcha.
Ha llamado la atención la “pasividad” de las fuerzas de seguridad catalanas -ahora bajo la conducción del Ministerio de Interior español, desde la aplicación del artículo 155- quienes han cumplido las órdenes del Ministro Juan Ignacio Zoido, quien había pedido a los funcionarios de la policía catalana, la Guardia Civil y la Policía Nacional, no caer en provocaciones, pues a su juicio, este miércoles fue un día «trascendental» para «desenmascarar el proceso secesionista”.
Zoido ha querido remarcar que la actuación de las fuerzas de seguridad durante la jornada de huelga siempre fue «proporcional», a pesar de que los «piquetes fueron muy violentos» y “radicalizados». En este sentido, Zoido ha celebrado que este miércoles se «cayeron muchos mitos» del independentismo, pues no hubo violencia policial, la huelga «fue un rotundo fracaso», el Tribunal Constitucional anuló la declaración unilateral de independencia (DUI), el Parlamento de Flandes rechazó apoyar la independencia de Cataluña, y Amnistía Internacional ha dicho que en España no hay presos políticos.