Los intereses partidistas en vez de dialogar para establecer un referendo pactado se apresuraron a manipular el complejo asunto de la independencia en Cataluña.
Por Sergio Muñoz Bata
En la víspera de la elección del 21 de diciembre Cataluña está partida. Nadie sabe si la mayoría de los catalanes quiere independizarse de España o si se siente catalana y española al mismo tiempo.
La declaración unilateral de independencia posterior al referendo del 1 de octubre no tiene validez, porque no contó con el apoyo mayoritario de los catalanes y estuvo plagada de irregularidades.
Los organizadores dijeron que de los 5.3 millones de posibles votantes, 2 millones votaron por la independencia. Una cifra inverificable dada la naturaleza del referendo, pero que en todo caso representaría un universo de un poco más del tercio de los posibles electores y nos llevaría a concluir que dos tercios de los catalanes no favorecen la independencia.
Más que la ciudadanía, han sido los intereses partidistas de ambos bandos los que quisieron suplantar la voluntad popular. En vez de dialogar para establecer bases sensatas que permitieran acordar un referendo pactado, los partidos políticos de ambos bandos manipularon el complejo asunto.
Aunque en la elección de diciembre no se votará directamente a favor o en contra de la independencia, cualquiera que sea el resultado, Cataluña continuará políticamente dividida.
Según el sondeo de Metroscopia, tanto la suma de partidos políticos que defienden la integridad española como la de los partidos que abogan por el independentismo obtendrían ambos el 46% de los votos.
Quienes argumentan en favor de la independencia como los que están en su contra dicen basar sus argumentos en la ley, la historia, la lengua, la cultura, el concepto de nación y las diferencias entre “nación” y “nacionalidad”.
Para el gobierno, la prensa y la mayor parte de la opinión pública española, a diferencia de las leyes en Gran Bretaña o Canadá, el texto de la Constitución española no permite la celebración de un referendo unilateral porque la soberanía nacional reside en todo el pueblo español.
En este sentido, cualquier referendo debería ser votado por el conjunto de los españoles, no solo por los catalanes. También argumentan que la reforma de los artículos primero y segundo de la Constitución equivaldría a renunciar a toda la Constitución. Una alternativa que es anatema para la mayoría de los españoles. La Constitución fue refrendada masivamente en toda España y en Cataluña.
El argumento legal no convence a un puñado de periodistas extranjeros que argumentan que lo democrático sería permitir un referendo para saber si quieren independizarse o permanecer dentro de España. Para darle peso a su argumento recuerdan que hubo un momento en la historia en el que la esclavitud fue legal, hasta que se cambió la ley.
Es anacrónico que en la época de la globalización que nos obliga a convivir con múltiples identidades: de género, étnicas, raciales, religiosas y sexuales, todavía haya un grupo que insiste en definir su identidad basado en un criterio tribal monolítico. ¿Cómo me autodefino?
Sostener, como han dicho los políticos independentistas catalanes, que su causa es democrática es una aberración porque insiste en negar la pluralidad de la sociedad española actual.
Sé que la solución al asunto catalán no es sencilla pero sé también que la vía para resolverlo exige aceptar la pluralidad, rechazar la identidad unívoca y jugar limpio políticamente.